El asesinato este jueves de una reconocida líder indígena ambientalista hondureña ha desatado protestas en el país y la indignación dentro y fuera de Honduras, donde, entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales.
Así, cientos de estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras que protestaban por el asesinato, bloquearon calles y atacaron con bombas incendiarias un local de la cadena Burger King, cercano al campus Ciudad Universitaria en Tegucigalpa, antes de ser dispersados por la policía.
Antes, más de un centenar de personas se habían agolpado en la puerta de la morgue de la capital para conocer el resultado de la autopsia oficial, portando pancartas que decían "no más impunidad", mientras coreaban "justicia, justicia, justicia", informa Reuters.
En el momento de su muerte, la líder de la etnia Lenca y madre de cuatro hijos no estaba protegida
Bertha Isabel Cáceres Flores, una maestra de 43 años, fue atacada a tiros la madrugada del jueves por dos hombres en su residencia de la ciudad de La Esperanza, situada a unos 180 kilómetros al oeste de la capital Tegucigalpa, pese a que tenía medidas cautelares de protección por haber sido amenazada en reiteradas ocasiones.
Sin embargo, en el momento de su muerte, la líder de la etnia Lenca y madre de cuatro hijos no estaba protegida porque, según la policía, había cambiado recientemente de domicilio, informa Reuters.
A su vez, el secretario de Seguridad, Julián Pacheco, dijo a periodisas locales que la activista sí contaba con seguridad. "Inicialmente le asignamos policías para protegerla, pero ella nos pidió que fuese retirado ese servicio porque le molestaba". Añadió que cuando ocurrió el crimen, Cáceres se encontraba en una casa distinta a la que había reportado a la policía para su seguridad.
El Gobierno hondureño dijo en un comunicado que la policía detuvo a un sospechoso del crimen, así como a dos testigos del ataque, en el que resultó herido también Gustavo Castro, director de la organización mexicana Otros Mundos Chiapas, para el que la organización ha solicitado protección, al tiempo que ha pedido al Gobierno de Honduras "su pronta atención, intervención y seguimiento a este lamentable y gravísimo suceso en la vida del pueblo hondureño". El detenido sería un guardia de seguridad del barrio donde se encontraba Berta Cáceres, según la BBC.
La policía no ha dicho cuál sería el móvil del crimen, pero la familia y compañeros de Cáceres creen que estaría relacionado con su lucha ambiental en el empobrecido país centroamericano, que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Pidieron una "investigación independiente".
Según su esposo Salvador Zúñiga, de quien estaba separada, los dos asaltantes habrían forzado la puerta de su residencia, le dispararon y luego huyeron en un vehículo.
"Es un acto de terrorismo que pretende intimidar a los pueblos indígenas de Honduras. No queda la menor duda que detrás de esto están grupos que quieren apoderarse del agua y la tierra de este país para construir represas y explotaciones mineras", dijo Zúñiga a la agencia Reuters.
Países, organizaciones y entes internacionales han lamentado el asesinato de Cáceres, que se produjo pese a que la activista contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras denunciar amenazas desde 2009, cuando se opuso activamente al golpe de Estado contra el ex presidente Manuel Zelaya.
El Gobierno hondureño dijo en un comunicado que la policía detuvo a un sospechoso del crimen
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió en su cuenta de Twitter "que se esclarezca el crimen ya", mientras que el embajador de Estados Unidos en el país centroamericano, James D. Nealon, ofreció su colaboración para investigar el caso.
"He ofrecido todos los recursos de mi gobierno para apoyar los esfuerzos para llevar a estos criminales ante la justicia", dijo Nealon en un comunicado. El Gobierno confirmó que un equipo especializado estadounidense se sumó a la investigación.
"Me amenazaron con matarme"
Cáceres se ganó el reconocimiento de activistas de todo el mundo con su lucha de una década contra la represa de Agua Zarca, que incluyó un año de bloqueo de carreteras y enfrentamientos con militares en los que murieron tres de sus compañeros.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Líder y cofundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la activista recibió en abril de 2015 el reconocido galardón ecologista Goldman por su batalla para evitar la construcción de la presa que amenazaba con desplazar a cientos de indígenas. La Fundación ha lamentado el asesinato de Caceres.
"Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca yo sabía lo duro que iba a ser pero sabía que íbamos a triunfar, me lo dijo el río"."Seguiremos ya no sólo como pueblo lenca sino con otras organizaciones con la esperanza de cambiar la situación en nuestro país", dijo Cáceres entonces a la BBC.
La campaña emprendida por Cáceres logró que el constructor más grande de represas a nivel mundial, la compañía Sinohydro, retirara su participación en el proyecto hidroeléctrico
Pero con ello, se incrementaron las amenazas contra ella y su familia.
"Me siguen. Me amenazan con matarme, con secuestrarme, amenazan a mi familia. Esto es a lo que nos enfrentamos", escribió la activista en el informe 2015 de la organización Global Witness, que consideró a Honduras el país más peligroso para luchar por los derechos de la naturaleza, y que tras el asesinato de la activista ha pedido "una urgente investigación".
"Es una tragedia que se veía venir", dijo Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional Americas. "A menos que las autoridades en Honduras tomen acciones decididas para encontrar a los responsables de este deleznable crimen, tendrán las manos manchadas de sangre", agregó en un comunicado.
Varias ONG han condenado el asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres y han exigido al Gobierno la investigación inmediata de los hechos.
La ONG Ecologistas en Acción ha señalado al Gobierno hondureño como culpable de su muerte y ha asegurado que la activista "ha sido asesinada por un Estado que resguarda los intereses del capital local, de las empresas trasnacionales que han querido adueñarse de los territorios y de los bienes comunes".
La organización ha exigido al Gobierno que se investiguen los asesinatos y que se suspendan todos los proyectos denunciados por los defensores de Derechos Humanos, y que se retiren los proyectos donde se denuncian violaciones de los Derechos Humanos.
La ONG para el Desarrollo se ha sumado a la condena del asesinato de Cáceres, y ha instado al Estado a promover "políticas que garanticen la protección a las personas que defienden los Derechos Humanos".
