Los vecinos afectados por los deslizamientos en la ladera derecha del pantano de Yesa, que llevan 11 meses desalojados de sus viviendas, han pedido "amparo" al Parlamento foral para que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) atienda "ya" su situación y repare los daños causados tras "once meses de desesperación".
"Tenemos la sensación de falta de apoyo y consideración por parte del Ejecutivo navarro y estatal. Por eso, solicitamos al Parlamento que nos hagan garantes de nuestros derechos y sean nuestros intermediarios con los responsables de esta dramática situación", han declarado.
Representantes de los vecinos de Yesa afectados por los deslizamientos han comparecido este miércoles en una sesión de trabajo en la Cámara, a petición de Bildu, Aralar-NaBai e I-E, para informar sobre la situación en la que se encuentran. En la actualidad, 35 familias siguen desalojadas de sus casas y "gran parte" de las que fueron realojadas, e incluso el resto, "no habitan en las viviendas por miedo".
Los vecinos afectados por los deslizamientos en la ladera derecha del pantano de Yesa llevan 11 meses desalojados de sus viviendas
En representación de los vecinos, Jorgue Holguín ha criticado que "hasta mucho después" del desalojo de las viviendas, el 8 de febrero del pasado año, la CHE no informó a los habitantes de la zona "de la situación de gravedad en la que nos encontrábamos", lo que, en su opinión, "pone de manifiesto que no les importamos nada".
"Nosotros no creamos alarmas, somos las víctimas", ha reivindicado Holguín, para exigir a la CHE que atienda "ya" su situación dado que los vecinos "llevamos 11 meses de desesperación". "Con el desalojo iniciamos un verdadero calvario, lleno de incertidumbre y angustia, cuyo final no se atisba", ha lamentado.
En este sentido, ha explicado que, desde el desalojo, el pasado 8 de junio de 2013, la urbanización Lasaitasuna "ha estado desierta" y, además, desde entonces los vecinos "hemos seguido detectando grietas, hundimientos, desplazamientos y humedades que han afectado de forma grave a las instalaciones y red de abastecimiento, en la zona desalojada y en la que no lo está". "La realidad es que los movimientos de la ladera continúan y también sus efectos", ha alertado.
Por este motivo, se ha preguntado si "realmente existe una zona segura en la urbanización o los responsables prefieren seguir jugando con nuestra seguridad en vez de que la opinión pública alcance a saber el perjuicio que estamos sufriendo".
En opinión de Holguín, la Confederación Hidrográfica de Ebro "a pesar de conocer y haber experimentado los efectos dañinos" de los movimientos que se están detectando en Yesa desde "hace años", "no ha tomado medidas preventivas y ha ido actuando con improvisación". "No se nos ha tenido en cuenta y se ha jugado con nuestra seguridad, nuestros patrimonios y con las personas de forma imprudente", ha asegurado.
Viviendas en ruina
Según ha detallado Jorge Holguín, en estos momentos los técnicos contratados por los vecinos han constatado que 10 viviendas de la urbanización se pueden considerar en "ruina total" y que, además, "no se puede saber si tras su demolición se podrán volver a construir por la situación del suelo". Asimismo, ha remarcado, otras viviendas y zonas comunes "rozan la ruina técnica".
Así, ha subrayado, en este momento "el valor de las viviendas es cero", ya que "las obras de la CHE hace imposible la habitabilidad de las mismas", a lo que se suma "la evidente pérdida de atractivo del entorno con una ladera del monte arrasada de plano".
Desde el desalojo, el pasado 8 de junio de 2013, la urbanización Lasaitasuna ha estado desierta
"Es probable que la ladera derecha no pueda ser habitada con un mínimo de seguridad o no sea viable, lo que obligaría a la Confederación Hidrográfica del Ebro a la indemnización total. Además, aunque sean reparados los daños, no puede obviarse que muchos vecinos no se sentirán seguros", ha concluido.
Los grupos se solidarizan con los vecinos
En el turno de los grupos parlamentarios, Victor Rubio, de Bildu, ha considerado que las obras de recrecimiento de Yesa están suponiendo "un escándalo político mayúsculo y un atropello a los ciudadanos", por lo que ha pedido su paralización. "Si algo caracteriza a lo que está siendo esta obra es la opacidad y el ocultismo", ha opinado.
En términos similares se ha pronunciado Txentxo Jiménez, de Aralar-NaBai, quien ha mostrado el compromiso de su coalición a "intentar que la Cámara pueda ser un elemento para incidir y mediar con las instituciones responsables". A su juicio, con lo que está sucediendo con los vecinos de Yesa, "se está viendo la cara más gris de los responsables públicos, negando las consecuencias y dando largas".
También Marisa de Simón, de I-E, ha sido crítica con la actuación de la CHE y el Gobierno foral en este tema y ha censurado su "falta de información, el alarmismo que han provocado" generando "un maltrato a los vecinos". Se ha preguntado si los vecinos podrán volver "algún día a sus casas" y ha avanzado que trabajarán en lograr la paralización de las obras "hasta que esté asegurada la seguridad".
Por su parte, la parlamentaria de UPN Mariví Castillo se ha solidarizado con los vecinos por "la situación de angustia que llevan viviendo desde hace un año" y ha garantizado que el Gobierno foral "está atento a garantizar la seguridad de los vecinos". "El propietario de las obras, que es la CHE, es quien tiene que asegurar las obras de recrecimiento y tomar todas las medidas que haya que tomar", ha declarado.
En representación del PSN, Maite Esporrín ha calificado como "muy grave" que los vecinos de Yesa "lleven ya casi un año desalojados" y también ha criticado "la falta de información" que ha habido sobre este tema por parte de la CHE que, a su juicio, es "lo más grave y lo que da más inseguridad". "El PSN estará ahí para apoyaros en vuestras reivindicaciones", ha trasladado a los vecinos.
Finalmente, Eloy Villanueva, del PPN, ha afirmado que su partido está "francamente disgustado" por que los vecinos "tengan la sensación de que no han recibido información, algo que no es adecuado", y ha defendido que el Gobierno foral, el Ayuntamiento y a la CHE "tienen que ser capaces de facilitar una información concisa sobre lo que ha ocurrido, lo que ocurre y de lo que puede ocurrir en el futuro".
