Se cumplen ocho años del reconocimiento del agua como Derecho Humano fundamental en Uruguay

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(OSE) El 31 de octubre de 2004, a través del voto, la ciudadanía uruguaya aprobó una reforma constitucional para reconocer el agua como un Derecho Humano fundamental. Desde entonces, el Artículo 47 de la Constitución garantiza el acceso al agua potable y al saneamiento para todos los pobladores del país, además de declarar la prestación exclusiva y directa del servicio por parte del Estado. A raíz de esta enmienda, en todas partes del mundo se promueven iniciativas destinadas a generar los cambios necesarios para garantizar la universalización del acceso al agua potable.

En homenaje a este histórico acontecimiento se celebra desde el año 2006 a nivel internacional el llamado Octubre Azul. A lo largo de este mes, se emprenden diversas acciones globales destinadas a salvaguardar el recurso, que es de todos, y a generar conciencia sobre los peligros que puede ocasionar el control del agua por parte de grandes corporaciones.

 

 

En el Uruguay, la tasa de cobertura alcanza al 98% en las poblaciones nucleadas, por tanto, la gran mayoría de sus habitantes dispone de agua potable con tan solo abrir una canilla. Además existe una idea generalizada de abundancia del bien, debido a una aparente disponibilidad de recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos a lo largo y ancho del país.

Pero si nos proyectamos al resto del planeta esa aparente riqueza no es tal. En la actualidad, unas 1.200 millones de personas tienen dificultades para acceder al agua potable en el mundo. De ellas, 80 millones habitan en América del Sur, continente que posee aproximadamente el 26% de las reservas de agua en el mundo.

Entre las Metas de Desarrollo del Milenio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso reducir a la mitad la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento para el año 2015. Si bien esta meta está lejos de alcanzarse se ha dado un paso importante en esa dirección. En el año 2010, la Asamblea General de la ONU aprobó por amplia mayoría una iniciativa que declara el derecho al agua limpia y segura, y al saneamiento como un Derecho Humano Fundamental, esencial para el goce pleno de la vida.

Depende de cada país comprometerse con políticas que aseguren la universalización del acceso al agua y el saneamiento, para asegurar un desarrollo sustentable de sus pobladores.

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