La Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua) quiere evitar que la modificación de la Ley de Aguas decretada por el Gobierno el pasado viernes pueda ser aprobada definitivamente sin la participación de los usuarios y del resto de administraciones implicadas. Por ello, ha instado a los presidentes de Extremadura, Murcia y Castilla La Mancha a que soliciten la convocatoria urgente del Consejo Nacional del Agua y les ha pedido que hagan todo lo posible por frenar esta reforma, que consideran un atropello a las sentencias del Constitucional y del Supremo, surgido exclusivamente del acuerdo bilateral entre dos administraciones, la andaluza y la central, en sus desesperados intentos por no acatar el pronunciamiento de los tribunales sobre el Guadalquivir.
En relación con las formas, los regantes califican de “nocturno”, “alevoso” y “burla a los ciudadanos” el procedimiento de urgencia utilizado para esta reforma, sin ningún tipo de informes ni consultas previas, y sin la participación de los usuarios y otras administraciones implicadas. Y en relación con el fondo, subrayan que la segregación de las competencias de la policía del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias es contraria al principio de unidad de cuenca y que por tanto el nuevo Decreto nacerá siendo inconstitucional. Asimismo, señalan que no es “ni inocente ni casual” que las competencias delegadas sean las relacionadas con expedientes sancionadores. “Parece muy claro que la Junta de Andalucía quiere quedarse a toda costa con las competencias que le otorguen capacidad de intimidad y asustar, pero nadie va a callarnos y a conseguir que dejemos de decir todo lo que pensamos”, manifiesta la presidenta de Feragua, Margarita Bustamante.
Feragua considera lamentable que, con las sentencias del Constitucional y el Supremo frescas y en la memoria de todos, las administraciones andaluza y estatal se hayan puesto de acuerdo en decretar a sabiendas contra la Constitución, y acusa a sus dirigentes de estar llevando la gestión hidráulica al caos y el desconcierto y a la máxima desconfianza entre los usuarios.
Feragua teme que antes del 20-N el Gobierno apruebe otras reformas en la misma dirección de facilitar a la Junta de Andalucía las mayores competencias sobre el Guadalquivir, en contra del criterio de las sentencias del Constitucional y el Supremo. Considera que tanto la reforma decidida en Consejo de Ministros como el registro en el Parlamento de una proposición de Ley Orgánica para que el Gobierno delegue en la Junta el máximo de competencias sobre el Guadalquivir forman parte de una misma política del PSOE, exclusivamente electoralista y ajena al interés ciudadano y por supuesto de los usuarios.
Asimismo, solicita a los dirigentes del Partido Popular un pronunciamiento más claro y rotundo, que deje a las claras cuál es su posición.
