La ONG ambientales consideran que incorporar el Memorándum Tajo-Segura a la Ley de Evaluación Ambiental es "un disparate"

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  • Aseguran que los regantes de Murcia tienen "más agarraderas" que antes "para exigir derechos del agua ante los tribunales".

Representantes de organizaciones ambientales han advertido de que la nueva Ley de Evaluación Ambiental que será aprobada este miércoles por el Congreso de los Diputados tendrá que ser modificada en menos de dos años para incorporar las nuevas directrices de la Directiva europea en materia de evaluación ambiental.

El director de conservación de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, considera que este "no era el momento" de modificar esta norma porque está en proceso la modificación de las directivas hechas.

Además, en declaraciones a Europa Press, ha asegurado que la modificación de la norma "no soluciona los problemas" de la Ley de Evaluación e Impacto Ambiental y ha añadido que "incluso los va a agudizar más", en casos de proyectos como los de Castor o de Biscarrués y va a favorecer una mayor inseguridad jurídica tanto para el Estado como para los promotores.

Juan Carlos Atienza ha calificado como grave que el trasvase se convierta en automático y que se fije por ley y sin evaluación ambiental previa.

Atienza opina que el objetivo "más claro" del Gobierno es "quitarse del medio los expedientes acumulados sobre la mesa" y ha criticado que esto se podría solucionar de una forma más sencilla sin tener que cambiar toda la ley.

Por otro lado, el texto ha incorporado en varias enmiendas el Memorandum del Tajo, acordado hace pocos días entre el Gobierno y las cinco comunidades autónomas dependientes de este río. "Es el mayor disparate que se haya podido cometer. Se quita el trasvase del plan de cuenca del Tajo, que debía ser evaluado ambientalmente para no evaluarlo", ha lamentado.

De este modo, ha calificado como grave que el trasvase se convierta en automático y que se fije por ley y sin evaluación ambiental previa. "Este es el mayor de los despropósitos de la Ley y que desde el punto de vista formal es grave", ha añadido.

En este sentido, ha mostrado la preocupación de SEO/BirdLife por el contenido del memorándum ya que da derechos a futuro a Murcia sobre el agua del Tajo, independientemente de la situación de la cuenca y ha advertido de que esto puede suponer una responsabilidad patrimonial del Estado "inmensa".

El agua en Murcia, un problema en el futuro

De este modo se ha referido a un informe de la Fundación de Nueva Cultura del Agua en el que se indica que hasta ahora los regantes del Segura no tenían ningún derecho sino expectativas sobre aguas sobrantes, aunque siempre se les transfería agua, pero ahora, tendrán "muchas más agarraderas" para exigir esos derechos ante los tribunales.

"Esto es muy grave porque es prácticamente irreversible. El Estado se está atando de manos con un trasvase que no sabe si va a funcionar en el futuro", ha alertado, al tiempo que ha recordado que en los últimos 30 años se han reducido las aportaciones de agua en el Tajo aproximadamente en un 47%.

Por su parte, la responsable del Departamento Jurídico de WWF, Rita Rodríguez ha mostrado también su oposición a una reforma "no necesaria" porque está en ciernes la reforma de la Directiva europea, lo que obligará a modificar la Ley española en el plazo de dos años para incorporar la nueva normativa comunitaria.

"El Estado se está atando de manos con un trasvase que no sabe si va a funcionar en el futuro", alerta SEO/BirdLife

Por otro lado, no ve adecuado que se regule de forma conjunta la evaluación ambiental estratégica y la de impacto ambiental porque son procesos administrativos distintos que responden a directivas europeas diferentes.

Al mismo tiempo, ha mostrado la oposición de WWF a la introducción de procedimientos simplificados y a cambiar toda la nomenclatura ya que la actual estaba incorporada por los ciudadanos y por los implicados en los procesos y lamenta que no tenga en cuenta el espíritu originario de la ley ni profundice en los problemas de impacto.

Para Rodríguez, esta ley es eminentemente procedimental porque reitera cuestiones que ya estaban en la ley de procedimeinto administrativo, de modo que no resuelve aspectos de la toma en consideración de la variable ambiental, ni soluciona problemas ambientales actuales como la evaluación de impacto en los lugares de la Red Natura 2000, "que es lo que crea más problemas".

Finalmente, lamenta que la nueva Ley aprobada por el Congreso regula la modificación de la Evaluación de Impacto Ambiental sin la participación pública e introduce una nueva modalidad de evaluación, la de evaluaciones periódicas conjuntas que, a día de hoy, no está autorizada por las normas de la UE.

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