La Ley de Evaluación Ambiental, que recoge el Memorándum Tajo-Segura, pasa un nuevo trámite en el Senado

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La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado ha aprobado, con los votos del Grupo Popular, el dictamen al proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, que también recoge el memorandum Tajo-Segura, al tiempo que los 'populares' han rechazado seis vetos a la totalidad del proyecto presentados por los grupos Mixto, PSOE, CiU y ECP.

Además, se han incorporado tres enmiendas del grupo parlamentario popular de carácter técnico. El texto será debatido en el pleno de la Cámara alta el próximo jueves. Entre las enmiendas aceptadas, se ha incluido que las autorizaciones o denegaciones de proyectos deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado en el plazo de 15 días.

Durante su intervención en la comisión, los senadores del PSOE, grupo Mixto y CiU han criticado el proyecto de Ley por varias cuestiones entre las que han subrayado que el texto invade las competencias autonómicas, por lo que han advertido de que habrá conflicto en este sentido; que mercantiliza el medio ambiente, con la propuesta de los bancos de conservación de hábitat y que, en definitiva, menoscaba la protección del medio ambiente.

Se han incorporado tres enmiendas del grupo parlamentario popular de carácter técnico

Por otro lado, los grupos de la oposición han asegurado que no es necesario tramitar esta ley por el procedimiento de urgencia, menos aún cuando en la Comisión Europea se está elaborando una nueva Directiva de Evaluación Ambiental que obligará en un corto periodo de tiempo a rehacer la normativa española.

Por eso, el senador del grupo Mixto, Jesús Iglesias, y el del PSOE, Miguel Fidalgo entienden que el procedimiento legislativo utilizado "no está justificado" y consideran que España necesita una evaluación más rigurosa de las evaluaciones de impacto ambiental.

Iglesias ha afirmado que la reforma planteada no busca rigor sino simplificar el procedimiento para favorecer los intereses económicos y ha asegurado que supondrá una acción más laxa a la hora de interpretar los planes y proyectos que se quieran impulsar. "La situación ambiental de España demanda una acción", ha apostillado.

Silencio administrativo positivo

Otra de las críticas que han manifestado el grupo mixto y el grupo socialista es que el silencio administrativo tenga un significado positivo cuando "lo lógico" es que "siempre" sea negativo. "El proyecto abunda en la idea de mercantilizar el medio ambiente, a través de la introducción de esa medida de los bancos de conservación", ha asegurado. En su opinión, después de esta ley el paradigma ya no será quien contamina paga sino quien pueda pagar, contaminará.

Al mismo tiempo, considera que el proyecto carece de credibilidad y le parece "absolutamente rechazable" que se haya aprovechado como percha para introducir enmiendas que suponen cambios en la ley de aguas y en el plan hidrológico del Tajo.

A este respecto, Iglesias lamenta la falta de respeto de los usos democráticos que ejerce el Partido Popular que cuando una jurisprudencia no es de su gusto, cambia la norma.

Para la senadora de Entesa Catalana de Progres, Esther Capella, esta parece una ley de emergencia por la urgencia del procedimiento y no le parece lógico no esperar a la aprobación de la directiva comunitaria que está en tramitación. "Esta ley va a hacer más compleja la legislación ambiental", ha advertido.

Inoportunidad temporal

Mientras, el senador de CiU Pere Maluquer ha lamentado la "inoportunidad temporal", la "intromisión en las competencias de las comunidades autónomas" y la iniciativa de los bancos de conservación.

Esta propuesta ha sido defendida por el PP porque es "decidida, que va a dar buenos resultados" y ya se ha puesto en marca en otros países como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y, sobre todo, en Alemania.

Los grupos de la oposición han asegurado que no es necesario tramitar esta ley por el procedimiento de urgencia

El senador socialista Miguel Fidalgo ha calificado de "tropelía" y "chapuza legislativa muy grave" el proyecto de ley porque, a su juicio, entra en contradicción con el objetivo que debería perseguir la propia norma y provocará conflictos entre España y la Unión Europea y desde el Gobierno central con las distintas comunidades autónomas.

"Da la sensación de que estamos celebrando y organizando la despedida acelerada del Señor Cañete, que quiere cumplir los compromisos de forma acelerada con algunos grupos", ha manifestado, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el contenido de esta ley con la que, en su opinión, el PP quiere favorecer a algunos promotores y no proteger el medio ambiente.

Respecto a la tramitación de urgencia, Fidalgo ha espetado un "¡así no. Basta ya!" para manifestar su desacuerdo con el procedimiento y la rapidez de la tramitación, que se ha desarrollado en 20 días en la Cámara alta.

Mientras, las senadora del PP Juana Pons ha negado "la mayor" al PSOE y ha asegurado que el PP es "tan respetuoso con el medioambiente como se creen ustedes serlo" y ha dicho que el grupo no piensa que haya una invasión de competencias, sino que defiende la uniformidad de algunas políticas en la totalidad del Estado español. Por eso, ha calificado el proyecto de "oportuno" y ha justificado su tramitación por procedimiento de urgencia en que forma parte de las reformas puestas en marcha para salir de la crisis económica.

Finalmente, el senador popular Vicente Aparici, ha señalado a Europa Press que el grupo sigue abierto a la negociación con los grupos y que prevén alguna transaccional en el debate plenario.

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