Las adjudicaciones se justifican por la falta de recursos humanos, pero esta carencia no se financia con el dinero presupuestado por el Gobierno para la creación de empleo público, sino con los fondos públicos presupuestados como “inversiones reales”, cuando la realidad demuestra que no se realiza ninguna inversión. En lugar de crear empleo público se contratan sociedades privadas con el dinero de todos y así, aumentar los beneficios empresariales.
CCOO asegura que si estas actividades, que ahora se externalizan, se realizaran con personal propio y gestionado con los medios de la Administración, el coste se reduciría entorno a un 50%, con más garantías en la prestación y generando una mayor actividad productiva. TYPSA (Técnicas y Proyectos, S.A.), Ofiteco (Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras, S.A.) y Sogeosa (Sociedad General de Obras, S.A) son las empresas adjudicatarias del concurso público, que realizaron una agresiva y peligrosa oferta, 68% inferior al valor estimado por la propia Confederación Hidrográfica del Tajo.
Si estas actividades se realizaran con personal propio y gestionado con los medios de la Administración, el coste se reduciría un 50%
El objetivo de las licitaciones es la “explotación, vigilancia, inspección, mantenimiento, conservación, auscultación, mantenimiento de archivo técnico, en materia de salud, asesoramiento a la dirección de explotación, elaboración de informes de auscultación, comportamiento de estructuras y de explotación de embalses y actividades varias”.
CCOO denuncia la duplicidad de funciones que va a provocar la falta de concreción en la definición de las actividades externalizadas, al no tener en cuenta que la dirección técnica de la Confederación dispone de más de 300 empleados públicos de todos los niveles de formación y responsabilidad.
El sindicato es consciente de la escasez de recursos humanos producto de las políticas adoptadas en esta materia: congelación de empleo público y de tasas de reposición, etc. Pero ante la necesidad de las instalaciones hidráulicas de más atención en el cumplimiento del Reglamento de Seguridad, la Administración ha manifestado la posibilidad de modificar los reglamentos, con la pérdida de seguridad implicada y la destrucción de más empleo.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO acusa al Ministerio que dirige Arias Cañete de un uso inadecuado de los fondos públicos, algo inadmisible en estos tiempos de crisis y recortes.
