La administración de las aguas nacionales debe residir en el Estado, lo cual se requiere mantener como principio básico en la ley que se gesta en el Poder Legislativo, aseveró Roberto Ramírez de la Parra, Director General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al participar en el panel de análisis Hacia una Nueva Ley General de Aguas, organizado por el Senado de la República.
El titular de la Conagua hizo énfasis en que la nueva normatividad no puede ser privatizadora, no debe dar un uso mercantil al agua, tiene que evitar la explotación excesiva de los acuíferos y debe proteger a todos los usuarios de los recursos hídricos, particularmente a los grupos vulnerables.
Asimismo, reiteró que es necesario que el sector hídrico se rija por una ley acorde a las necesidades reales de la población y la disponibilidad cambiante de recursos hídricos, y que contribuya a afrontar los retos que impone el cambio climático.
Roberto Ramírez de la Parra señaló que es urgente crear, en coordinación con todos los sectores políticos y sociales, un instrumento normativo de vanguardia que establezca la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno y la ciudadanía —instancias donde prevalezca la claridad sobre su papel en el cuidado del agua—, prevenir y sancionar la contaminación de los acuíferos, así como incentivar mejores prácticas en el uso del recurso, como es el tratamiento y reúso.
Durante su ponencia expresó que es el momento de establecer la normatividad para garantizar el derecho humano al agua, establecido en el artículo cuarto constitucional, para lo cual es indispensable que se consideren aspectos como la disponibilidad real de agua en los acuíferos y la variabilidad de los escurrimientos a corto y largo plazos. Así, se contribuirá a una mejor toma de decisiones en sectores como el agrícola.
Otra de las prioridades, consideró, es fomentar la colaboración más estrecha con otras instituciones del sector ambiental para garantizar la conservación del medio ambiente y, con ello, preservar un óptimo ciclo del agua.
Respecto a la prestación de los servicios de agua, profundizó en que la nueva ley debe establecer los principios fundamentales para ello y garantizar el fortalecimiento de las instancias responsables, como son los municipios y sus organismos operadores, para lo que se requiere crear órganos intermunicipales, capacitar a los tomadores de decisiones y profesionalizar al personal operativo.
En materia de participación social, consideró que se debe fortalecer el papel ciudadano en los consejos de cuenca y en las instancias de gobierno de los organismos operadores, con el fin de que las decisiones se tomen en torno a las necesidades de la población, y que la sociedad asuma la corresponsabilidad necesaria para garantizar el adecuado uso del agua y su conservación.
Finalmente, el Director General de la Conagua reiteró el interés de la dependencia de coadyuvar en la construcción de un marco normativo que debe ser discutido en un marco técnico basado en las circunstancias reales de los recursos hídricos de México.
