La Confederación Hidrográfica del Miño – Sil (CHMS), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha convocado hoy con carácter de urgencia la Comisión de Desembalse, órgano colegiado al que le corresponde deliberar y formular propuestas al presidente del organismo de cuenca sobre el régimen adecuado de llenado y vaciado de los embalses y acuíferos, atendiendo los derechos concesionales de los distintos usuarios.
La urgencia de esta convocatoria es debido a la baja pluviometría registrada en la presente campaña hidrológica 2011-2012, en la que los embalses de Bárcena y Vilasouto se encuentran en una situación de mínimos históricos que hace necesario realizar un estudio de los recursos disponibles para programar una adecuada satisfacción de las demandas, con especial atención a las necesidades de la próxima campaña de riego.
Hay que apuntar que la Confederación Hidrográfica Miño-Sil ya ha ido introduciendo medidas de explotación para minimizar las salidas de agua de los embalses. En Bárcena, desde el día 17 de enero, se ha restringido el régimen de turbinado al mínimo imprescindible para mantener el caudal ecológico y en Vilasouto, desde el día 28 de diciembre, se ha reducido el caudal ecológico al mínimo establecido de 100 l/s. Por tanto, solo se atienden los consumos de abastecimiento a poblaciones y además, en el caso de Bárcena, la refrigeración de la central térmica de Compostilla II.
En la citada Comisión se ha presentado una propuesta de caudales en función de las aportaciones previstas, que pueden variar, dependiendo de la climatología en los próximos meses, y por ello se hace necesario crear una Comisión de Seguimiento, formada por dos representantes de cada Comunidad de Regantes y dos representantes de la CHMS, que se reunirá cada quince días y realizará un contraste de esta previsión con los datos reales registrados, elaborándose el programa a seguir según las disponibilidades de agua.
Por otra parte, esta Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha programado una campaña de seguimiento de la calidad de las aguas a través de la Comisaría de Aguas y, paralelamente, se pondrá en conocimiento del Órgano Ambiental de las Comunidades Autónomas, por si considera necesario implementar otras medidas que puedan paliar, en lo posible, los efectos adversos que puedan producirse.
