Los alcaldes de las localidades peruanas de Cusco y Puno ponen en riesgo el servicio de agua potable

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Sobre la Entidad

Sunass
El organismo regulador de la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado del Perú.
  • Puno, Perú.
  • SUNASS advierte que interpondrá acciones legales contra aquellas autoridades que impidan la actualización de tarifas. 

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) anunció acciones legales contra los alcaldes de Cusco y Puno quienes vienen presionando a los directorios de las EPS para que no implementen los estudios tarifarios aprobados por el organismo regulador, poniendo en grave riesgo la sostenibilidad de los servicios de agua potable.

Al respecto, recordó que de acuerdo a lo dispuesto por el inciso b) del artículo 3 de la Ley
Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada corresponde a la SUNASS la
facultad de fijar las tarifas de los servicios de saneamiento, siendo esta facultad ejercida en forma exclusiva y excluyente por el Consejo Directivo de la SUNASS.

Remarcó que si los alcaldes persisten en oponerse a la aplicación de las resoluciones tarifarias emitidas por la SUNASS, se pondría en grave riesgo el servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, pues las EPS no contarían con los recursos suficientes para mantener la actual infraestructura y financiar los nuevos proyectos de renovación de redes y ampliación de cobertura.

Ello causaría el incumplimiento por parte de las EPS no sólo de las metas de gestión fijadas por la SUNASS sino de las normas del Sector Salud (calidad del agua para consumo humano), Ambiente (contaminación de efluentes), Gestión de Riesgos de Desastres y Valores Máximos Admisibles (descargas contaminantes), situación que pondría en grave riesgo la salud de la población.

SUNASS informó que ya procedió a enviarle cartas a los alcaldes sobre estos riesgos,
recordándoles también que en caso las EPS no apliquen la actualización tarifaria, sin perjuicio del procedimiento sancionador que iniciaría contra ésta y cuya multa prevista es de hasta 500 UIT, informará de esta infracción al Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y a la Contraloría General de la República, para que actúen de acuerdo con sus competencias, por los graves perjuicios a la calidad de los servicios de saneamiento, a sus usuarios y al patrimonio del Estado (infraestructura).

 

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