El coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha avanzado que su Grupo Parlamentario estudiará las ocho enmiendas a la Ley de Estudio de Impacto Ambiental que se está tramitando en el Congreso, e intentará llevar a cabo "movilizaciones ciudadanas, además de acciones políticas y judiciales".
Así se ha pronunciado Martínez, a preguntas de los medios, tras una concentración a las puertas de la Diputación de Toledo para protestar por la reforma de la Administración Local, en la que ha estado acompañado por el responsable Federal de Política Municipal, Manuel Fuentes y otros miembros de IU.
Daniel Martínez ha afirmado que verán "qué se puede hacer" desde su Grupo Parlamentario. "Intentaremos llevar a cabo acciones, empezando por las movilizaciones ciudadanas e intentaremos, además, acciones políticas y acciones judiciales", ha apuntado el dirigente de IU, quien ha reconocido que "bien es cierto que si la Ley de Impacto Ambiental recoge estas enmiendas, va a ser muy difícil y complicado combatirlo y cambiar esta legislación".
Esta complicación, ha explicado Martínez, se debe a que dicha ley "va a estar por encima del Plan de Cuenca. Un decreto que va a modificar las normas de explotación y el Plan hidrológico Nacional incluso", por lo que, ha añadido, "lo único sería intentar que la correlación de fuerzas políticas sea muy diferente y que las decisiones en torno al Tajo no sean de los dirigentes del PP y del PSOE porque han demostrado que el Tajo queda postergado y vendido".
En este sentido, Martínez ha afirmado que "con el acuerdo firmado entre las comunidades de Valencia, Murcia y el Ministerio de Agricultura en torno a la Cuenca del Tajo y al trasvase Tajo-Segura, la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal ha vendido al Tajo y ha traicionado a la región directamente".
"No puede ser que un memorando que se ha trabajado de espaldas al Gobierno de Castilla-La Mancha y sin participaciones de ninguna institución, después se convierta en ocho enmiendas que van como disposiciones adicionales a una Ley de Impacto Ambiental", y que además, "pretendan dar estabilidad jurídica y normativa absoluta al trasvase Tajo-Segura en las condiciones en las que se encuentra actualmente".
Finalmente, Martínez ha concluido su intervención apuntando que es un acuerdo "muy grave" porque se ha hecho en una Ley que "nada tienen que ver con el Plan de Cuenca, ni siquiera con la Normativa de Trasvase o ni siquiera con el Plan Hidrológico Nacional".
