El Gobierno aclara que la sentencia de la UE se refiere a aspectos técnicos menores correspondientes a las comunidades autónomas

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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha manifestado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE no se refiere al retraso en los planes de cuenca sino a algunos aspectos "técnicos" cuya resolución requerirá un cambio de "menor calado" que deberán acometer las comunidades autónomas.

Así, fuentes del Ministerio han explicado a Europa Press que el Tribunal Europeo considera que la trasposición que el Reino de España ha realizado sobre las disposiciones de la Directiva Marco del Agua ha sido "incorrecta en relación con ciertos aspectos técnicos" relativos a "los contenidos en la planificación hidrológica".

Insisten en que la incorrección afecta únicamente a las disposiciones de la ley que resultan de aplicación a las cuencas hidrográficas intracomunitarias.

Concretamente, insisten en que la "incorrección" afecta, "únicamente", a las disposiciones de la ley que resultan de aplicación a las cuencas hidrográficas intracomunitarias (aquellas cuyas aguas discurren en el interior de una comunidad Autónoma), y no respecto de las cuencas intercomunitarias.

De este modo, precisan que el pronunciamiento tiene un carácter "estrictamente ténico" y que su solución y corrección requiere de un cambio reglamentario "de menor calado" que tendrán que adoptar las comunidades autónomas con competencias sobre las cuencas intracomunitarias. En esta modificación deberán incluir de forma expresa en su normativa interna las previsiones de la Directiva marco que el Tribunal considera no han sido efectivamente trasladadas al ordenamiento autonómico.

Finalmente, aclaran que el pronunciamiento judicial no guarda relación con el expediente administrativo actualmente en curso que la Comisión europea ha incoado contra el Reino de España por la falta de aprobación de los planes hidrológicos de cuenca que, según esa misma norma, deberían haber sido formalmente adoptados y notificados a la Comisión Europea antes de la finalización de 2009.

Este jueves, en declaraciones a los medios tras su participación en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha manifestado que estos expedientes han obligado al actual Ejecutivo acometer en menos de dos años el trabajo que tenía que haberse hecho en ocho años y que si se tiene en cuenta la revisión que se deberá hacer antes de 2015, se está realizando en tres años el trabajo de 14. En todo caso, España se expone a multas de hasta 80 millones de euros anuales por cada año de retraso.

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