El Consejo Nacional del Agua celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aprobó con el voto favorable de todas las administraciones estatales y autonómicas, salvo la de Aragón, y con el voto en contra de las organizaciones ecologistas, el Plan de la Demarcación Hidrográfica del Júcar y el Real Decreto por el que se aprueban diversas normas reguladoras del trasvase por el acueducto Tajo-Segura.
Ambos documentos contienen sendas estipulaciones que afectan directa y muy gravemente a la disponibilidad de caudales en la cuenca del Tajo, tanto presente como futura.
En el Real Decreto que regula el trasvase Tajo-Segura se imponen unas reglas de desembalses mensuales de referencia que, a último, imposibilitan la consecución no ya de los caudales ambientales exigibles en el Tajo, sino siquiera de los caudales mínimos de 6 m3/sg en Aranjuez y de 10 m3/sg en Toledo y Talavera de la Reina. Este extremo fue puesto de manifiesto en la reunión por los representantes ecologistas que forman parte del Consejo Nacional del Agua.
Por otra parte, el Plan del Júcar se ha informado favorablemente con el planteamiento de que existe un déficit estructural de la cuenca de 245 Hm3 que se pretende resolver mediante “[…] el aporte de recursos, cuyas características y procedencia serán determinados, en su caso, por el Plan Hidrológico Nacional […]” . Es decir, se plantea suplir este déficit por medio de trasvases. A nadie se le escapa que la única infraestructura disponible a día de hoy para cubrir ese déficit es el trasvase Tajo-Segura, siendo más que dudoso que en el futuro se puede realizar ningún otro trasvase alternativo, como por ejemplo del Ebro, debido a su coste y a la unánime oposición política y social que suscita en Aragón y Cataluña. Así las cosas, será el Tajo el que sufra la presión de este déficit y el que a último podría verse abocado a suplementarlo.
Según Ecologistas en Acción, sorprende sobremanera que a pesar de que lo aprobado en el CNA perjudica tan claramente en el presente y en el futuro a la Demarcación del Tajo, tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como los regantes votaran a favor de las propuesta del Ministerio. Más aún cuando un Gobierno del PP, como es el de Aragón, votó en contra de ambas medidas sólo por la sospecha de que pudieran derivar en que se proponga un trasvase del Ebro en el PHN.
A juicio de Ecologistas en Acción se ha puesto de manifiesto una vez más que el Tajo no tiene quien le defienda institucionalmente y que sus usuarios están más pendientes de obtener concesiones que luego puedan vender al Segura o al Júcar que de ninguna otra cuestión.
