José Carbonell: "Si la falta de inversión se prolonga, empezarán a deteriorarse las instalaciones de los servicios"

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  • José Carbonell, presidente de AGA
    José Carbonell, presidente de AGA
  • Termina 2014 con idénticas cuestiones a las que cuando comenzó el año: ley de ciclo integral del agua, ente regulador, marco legal para la participación público privada, recuperación de costes.
  • Le preguntamos por todo ello al presidente de AGA, José Carbonell.

Una entrevista de:

Sobre la Entidad

AGA
AGA
Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana
Web

Publicado en:

iAgua Magazine Nº 5
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Ingeniero Industrial por la ETSII de Barcelona y Máster de Posgrado por el Instituto de Empresa de Madrid, José Carbonell ha tenido la oportunidad de ocupar diferentes cargos de responsabilidad a lo largo de su trayectoria profesional en empresas del Grupo AGBAR, tanto a nivel nacional como internacional. Entre ellas, ha sido Delegado General de AGBAR para Portugal, Director General de SOREA, Director General de CLABSA, así como miembro de diferentes Consejos de Administración de empresas gestoras. Además, ha sido miembro de la Junta de Gobierno de la ASAC, la Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya. Actualmente ocupa el cargo de presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de Servicios de Agua a Poblaciones (AGA), la patronal del sector del agua.

Pregunta - ¿Cuál es la situación en la que se encuentra la Asociación? ¿Qué retos debe afrontar?

Nuestros asociados prestan servicios a más del 80% de la población española

Respuesta - Actualmente AGA se encuentra en una fase de impulso, de defender los intereses de los operadores del sector pero también de trasladar, tanto a la administración como a la ciudadanía, la trascendencia de los servicios que prestamos, su importancia, la situación en la que se encuentran, cuáles son las necesidades y lo que ello implica en las relaciones con los usuarios.

Un tema importante como es el del precio del servicio, no es más que el reflejo de todo lo que hay implícito, de lo que conlleva el captar el agua, esté donde esté, traerla hasta donde haga falta, tratarla adecuadamente con unos niveles de calidad cada vez más altos, recoger el agua después de haber sido utilizada por cada uno de sus usuarios, tratarla, depurarla y devolverla al medio natural, también con unos niveles de calidad adecuados a una legislación cada vez más exigente. Evidentemente, cada vez los operadores ofrecen un servicio más cualificado, tecnificado y sofisticado y, por lo tanto, hemos de asumir que cada vez, necesariamente, será más caro.

Trasladar ese mensaje a la sociedad es una labor que entendemos que nos corresponde y en ello nos hemos de implicar cada vez más.

P. - La presidencia de AGA ¿asume la portavocía pública de las empresas encargadas de la gestión del ciclo integral del agua?

R. - AGA es una asociación de operadores, tanto de carácter público como privado, y como tal hemos de trasladar las preocupaciones, intereses y obligaciones del sector donde corresponda. Desde ese punto de vista, somos portavoces de las empresas encargadas de la gestión del ciclo integral del agua.

No somos los únicos pero, junto con AEAS, somos los más importantes, ya que, nuestros asociados prestan servicios a más del 80% de la población española. Por eso entendemos que estamos en disposición de hablar en representación de este sector, bien sea con la administración o la sociedad.

P. - Una vez abordada la situación actual y retos de la Asociación vamos a adentrarnos en el sector. La primera cuestión es sobre su marco legislativo y administrativo ¿es suficiente el actual?

R. - El marco normativo actual es muy extenso, sobre todo en normativas, pero no lo es tanto en una serie de cuestiones que entendemos que deberían estar encuadradas en lo que venimos llamando una ley sectorial o del ciclo integral del agua urbana.

Unos meses atrás parecía que el Gobierno tenía intención de sacar adelante esta ley del ciclo integral del agua. Los borradores que se estaban manejando recogían muchas de las propuestas que creemos que deben estar reflejadas en la legislación y que actualmente no lo están, o lo están de una manera más dispersa. Sin embargo, parece que al final esta ley no se podrá concretar en esta legislatura. Pero es claro que existe esa voluntad y esperamos que pueda llevarse a cabo en un futuro próximo porque ayudaría mucho a regular todo lo que es el despliegue de los servicios del agua urbana y, además, facilitaría que todas las partes entendiéramos mejor las reglas de juego.

P. - Otro de los puntos débiles del sector en los últimos años es la falta de inversión pública ¿Cómo afrontan las empresas esta situación?

Parece que la ley del ciclo integral no se podrá concretar en esta legislatura

R. - La falta de inversión pública es una cuestión sobre la que nosotros llevamos un tiempo llamando la atención como asociación integrada por la gran mayoría de los responsables de los servicios urbanos del agua de los municipios españoles. En ese sentido, observamos que, si esta falta de inversión se prolonga demasiado en el tiempo, podrían empezar a deteriorarse las instalaciones de los servicios que tenemos, que son un patrimonio muy importante y que conviene preservar. Es obligación de los operadores ponerlo de manifiesto y reclamar que, en la medida de lo posible, se recuperen, si no completamente, al menos progresivamente, los niveles de inversión en las infraestructuras de los servicios del agua urbana.

P. - En este panorama la participación público-privada juega un papel crucial, sin embargo, para la construcción y explotación de infraestructuras es prácticamente inexistente en España ¿Por qué?

Está claro que la participación público privada juega un papel crucial. Actualmente, los servicios urbanos del agua en España son prestados, más o menos, la mitad a través de operadores públicos y la otra mitad a través de operadores con participación privada. Evidentemente, los niveles de atendimiento y de calidad alcanzados han sido altos y por lo tanto nuestro modelo puede calificarse como modelo de éxito a nivel internacional. Somos ejemplo para otros países.

El papel que ha jugado la colaboración público- privada ha sido crucial y tiene que seguir siéndolo porque no se entendería que la administración pública tuviera que renunciar a la experiencia, tecnología, recursos, medios y conocimientos de los que disponen los operadores privados.

P. - Los cánones autonómicos sobre los servicios del agua también han perseguido suplir esta falta de inversión ¿Cuál es la valoración sobre su implantación?

Nuestro modelo de gestión puede calificarse como modelo de éxito a nivel internacional

R. - Desde hace ya tiempo, en algunos casos, se vienen aplicando cánones de ámbito autonómico por la administración hidráulica de las comunidades autónomas en cuestión. Es obvio que esos cánones nacen con la intención de cubrir las necesidades específicas sobre todo en depuración y, en la medida que eso se ha aplicado con estos objetivos, ha sido útil.

Pero desgraciadamente no ha sido así en todos los casos. Por similitud, otros han querido copiar esos ejemplos de éxito pero lo han hecho a medias, es decir, han copiado la implantación del canon o de una tasa equivalente pero no ha significado el correspondiente reflejo en la realización de las infraestructuras necesarias. Probablemente cuando se implantó era con la voluntad de hacerlo pero después no ha sido así.

P. - En este sentido ¿está logrando España acercarse al cumplimiento del artículo 9 de la Directiva Marco del Agua sobre la recuperación de costes?

R. - No, la recuperación de todos los costes no se cumple. Sin embargo, sí es cierto que se ha ido avanzando en el camino que pide la DMA de que se tienen que repercutir completamente los costes de los servicios en los precios de los mismos. Como digo, se ha avanzado pero de momento no se ha logrado. Queda camino por recorrer y nosotros entendemos que en los próximos años, por obligación y por falta de otros fondos, se va a tener que repercutir en la tarifa.

P. - ¿Podríamos hablar de un déficit tarifario en el sector del agua? ¿Qué consecuencias puede tener en el futuro?

R. - Sí, el déficit tarifario existe porque la tarifa no cubre todos los costes de operación, de inversión nueva y de amortización de la inversión existente. Por lo tanto, hay un déficit tarifario entendiendo que la tarifa correcta sería la que contemplara la recuperación de todos los costes. En la medida que eso no es así, puede decirse que, efectivamente, hay un déficit tarifario. La tarifa no es la que debería de ser, es inferior.

La consecuencia de no adaptar las tarifas al precio real es que algo hay que dejar de hacer: de invertir, de renovar o de operar. La operación no se puede eludir, la renovación no puedes dejarla por mucho tiempo y, por tanto, lo que provocaría es que no construiríamos nuevas infraestructuras con lo que no mejorarían los niveles de cobertura y calidad, por lo tanto no se cumplirían los objetivos necesarios y que la propia administración se encarga de ir marcando.

La recuperación de todos los costes del servicio no se cumple

P. -  Sabemos que los cortes de agua en los hogares preocupan a las empresas del sector. Se debe garantizar el acceso a un recurso vital y al mismo tiempo mantener los impagos en un nivel asumible ¿Qué iniciativas ha realizado AGA en este sentido?

R. - Es evidente que este es un tema de actualidad. Sin embargo, quiero dejar muy claro que una cosa son cortes de agua a los hogares, otra los avisos de corte de agua y otra las necesidades de determinados colectivos ante estas situaciones.

Las empresas operadoras españolas tienen un acentuado sentido de servicio público, ya sean éstas públicas o privadas, lo que ha repercutido en un nivel de calidad y de servicio muy altos.

Precisamente, ese sentido de servicio público hace que las empresas operadoras tengan una sensibilidad especial hacia los colectivos desfavorecidos. Desde hace ya tiempo, en la gran mayoría de los servicios gestionados por nuestras empresas asociadas, existen mecanismos de acción social, ya sea a través de tarifas específicas a aplicar a esos usuarios o a través de fondos de solidaridad.

En general, se han establecido unos criterios para identificar, siempre a través de los servicios sociales de los ayuntamientos, a estos colectivos desfavorecidos y darles un trato especial y adecuado a sus circunstancias. Todo ello se refleja en unas tarifas específicas y en unos fondos de solidaridad a los que pueden acceder aquellas personas que están en esta situación.

Pero, ¿significa eso que no deba haber cortes? Nosotros entendemos que una cosa no tiene que ver con la otra. Los servicios tienen que tener un precio y ese precio debe ser pagado por los usuarios. Evidentemente, al usuario que no paga el servicio se le tiene que suspender, aunque sea temporalmente, dicho servicio hasta que regularice su situación. Si esto no fuera así se crearían situaciones de agravio comparativo. Además, al final no íbamos a distinguir entre los que realmente tienen esa necesidad y los que no.

En todo caso, actualmente en España hay un procedimiento muy garantista para llegar a suspender el servicio. Hay unos protocolos y reglamentos de ámbito municipal que se van siguiendo y es la administración titular del servicio -que es municipal- quien supervisa a los usuarios a los que se les va a dar aviso de corte. Si el ayuntamiento identifica entre esos usuarios a personas que pertenecen a colectivos desfavorecidos, evidentemente se les da el tratamiento correspondiente para tratar de evitar esa suspensión, pero no de forma indiscriminada sino individualizada.

En los últimos años, estos mecanismos de acción social han ido creciendo y se han puesto más recursos para atender esas necesidades. Asimismo, esta situación ha obligado a que las empresas sean más flexibles en los plazos y condiciones de pago de los usuarios con problemas económicos.

P. - La eterna pregunta ¿gestión pública o gestión privada?

Existe déficit tarifario porque la tarifa no cubre todos los costes de operación, de inversión y amortización de infraestructuras

R. - Las dos. A veces se confunde el servicio público del agua con que dicho servicio sea gestionado por operadores de carácter público o privado. Evidentemente lo que debería importar es que el servicio prestado sea lo mejor posible. Por eso nosotros -hay que recordar que nuestros asociados son operadores tanto de carácter público como privado- pedimos un regulador del sector que establezca un cuadro regulatorio claro y específico.

Desde el punto de vista del usuario del servicio y de la administración, cuantos más recursos, experiencia, conocimiento y medios haya para desplegar y llevar a cabo los servicios con los mejores niveles de calidad, evidentemente bienvenidos sean, sean públicos o privados.

P. - ¿Ha observado una tendencia hacia la remunicipalización del servicio del agua?

R. - Yo creo que cíclicamente ha habido tanto lo que llaman remunicipalizaciones, como lo que llaman privatizaciones. Pero desde mi punto de vista no son tal, ni lo uno ni lo otro. Digo esto porque el servicio del agua nunca es privado, es público. Otra cosa es que en la gestión de ese servicio, como comentaba anteriormente, pueda intervenir un operador privado para ayudar a la administración a llevar a cabo los objetivos que se haya marcado, y no tendría que haber ningún inconveniente en ello, siempre que haya unas reglas marcadas y un pliego de condiciones adecuado. Que la administración competente elija lo que mejor crea oportuno.

Cuando digo que la remunicipalización no es tal, lo digo porque el servicio nunca ha dejado de ser municipal. El titular es el municipio y en todo caso lo que han hecho algunos es cambiar de gestión.

P. - El pago de cánones concesionales a los ayuntamientos es uno de los principales argumentos contra la gestión privada ¿Esos cánones se dedican después a mejorar los servicios? ¿Este procedimiento lastra el mantenimiento de las infraestructuras?

En España hay un procedimiento muy garantista para llegar a suspender el servicio

R. - Esos cánones habían tenido su origen en la necesidad de abordar necesidades de inversión en los servicios y lo que plantean, en general, es plantear la colaboración de un operador que esté en disposición de hacer una aportación económica para llevar a cabo, en un plazo determinado, la puesta al día de esos servicios.

Conceptualmente nos parece bien. Además, esto lo podría hacer un operador público o un operador privado. La colaboración público-privada entre otras cosas está para eso, para destinar recursos privados a ayudar al desarrollo y mejora de los servicios.

Una primera consecuencia es la repercusión de ese canon -que son las inversiones realizadas- en la tarifa de ese servicio. Para asumir esa repercusión, lógicamente, habrá que ir subiendo progresivamente el precio.

Lo malo es que ese planteamiento se vaya deformando y que los ayuntamientos destinen parte del canon del servicio del agua a otros usos. Eso es lo que no debería ser. Entendemos que un ayuntamiento, o no pide cánones y busca esos recursos en otro lado, o, si los pide, deben ser destinados al agua.

El operador no pone los precios que quiere; el operador pide la repercusión de los costes en la tarifa siempre de común acuerdo con su administración o con un órgano superior como son las comisiones de precios que tienen las diferentes autonomías para regular ese ámbito. 

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