El incremento de los caudales ecológicos del Tajo impactará de lleno al Levante español
Durante la mañana de hoy, 19 de diciembre, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) ha organizado una jornada para presentar el informe “Valoración jurídica, socioeconómica, ambiental y patrimonial de las repercusiones del incremento de caudales ecológicos previstos en el Plan Hidrológico del Tajo del Trasvase Tajo-Segura”.
La jornada ha contado con: Joaquín Melgarejo Moreno, catedrático de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Análisis Económico Aplicado y Director de la Cátedra del Agua de la Universidad y la Diputación de Alicante; Andrés Molina Giménez, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales (IUACA) de la Universidad de Alicante y profesor titular de Derecho Administrativo; y Alberto del Villar García, profesor contratado Doctor en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Alcalá.
Se han analizado las repercusiones del incremento de los caudales ecológicos previstos en el Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) sobre la cuenca de del Segura
A lo largo de la misma se han analizado las repercusiones del incremento de los caudales ecológicos previstos en el Plan Hidrológico del Tajo (2022-2027) sobre la cuenca de del Segura, atendiendo a las distintas macromagnitudes económicas, como participación en el PIB, empleo, Valor Añadido Bruto, etc.
En este sentido, Joaquín Melgarejo ha comenzado diciendo que desde el MITECO no se ha justificado la decisión del incremento de los caudales ecológicos. Así, ha señalado que entre los años 2022 y 2026, el Proyecto de Plan Hidrológico del Tajo del tercer ciclo establece un mecanismo de implantación progresiva del régimen de caudales ecológicos, que supone una elevación del caudal circulante en tres fases y que la aprobación de la nueva planificación hidrológica “supondrá una merma de caudales disponibles para regadío en el trasvase”, estimados en una reducción de unos 105 hm3/año. La reducción de caudales, ha dicho, “traerá consigo una pérdida del 15,62% de la superficie de regadío que debería dejar de regarse y pasar a secano o abandonar la explotación agraria”, lo que supone la pérdida de unas 27.314 hectáreas.
En cuanto a los efectos económicos se derivan de la pérdida de dos flujos de valoración: por una parte, el valor de los activos productivos (precio de la tierra); y, por otra, el lucro cesante experimentado por las explotaciones a través del margen neto, de unos 5.692,46 M€. Asimismo, según ha señalado, esta aprobación supondrá el despido de unos 15.322 trabajadores con la correspondiente pérdida de prestaciones económicas derivadas de la pérdida del empleo (IRPF, SS, IVA…).
Asimismo, Joaquín Melgarejo también ha comentado que, tras implementar los volúmenes para la compensación del déficit y considerar las reducciones en el TTS en la cuenca del Segura (horizonte 2027), el déficit va a empeorar en la cuenca y que las soluciones propuestas para la movilización de recursos desalinizados para las conducciones de conexión desde el embalse de La Pedrera hasta el Azud de Ojós y el embalse de la Rambla de Algeciras, supondrían unos sobrecostes producidos por el bombeo estimados entre 0,10 €/m³ y 0,13 €/m³ (sin tener en cuenta el coste de las obras) y que habría que añadir a la tarifa media para la producción de agua desalinizada de 0,5625 €/m³: “Las soluciones propuestas para la movilización de recursos desalinizados supondrían sobrecostes producidos por el bombeo y por los recursos energéticos”.
A continuación, en la jornada se han abordado también las cuestiones jurídicas y patrimoniales que, en caso de aprobarse esta situación, podrían derivarse, especialmente en términos ambientales y energéticos. Andrés Molina ha hecho un repaso de las iniciativas normativas que han conducido a la reducción de las aportaciones del ATS, el marco institucional y los fundamentos jurídicos de la responsabilidad patrimonial de la administración, así como los posibles motivos de nulidad del futuro del Plan Hidrológico del Tajo, como insuficiencias en el proceso participativo, la ausencia de concertación o el control de la discrecionalidad técnica.
Además, ha hablado de las fórmulas legales para exigir esta responsabilidad patrimonial por reducciones en el ATS. Andrés Molina ha asegurado que “el fracaso de la vía legislativa para cancelar el ATS ha dado lugar a una estrategia de desgaste por vía reglamentaria —planificación hidrológica y reforma de la regla de explotación— o por vía de decisiones administrativas —trasvases mensuales—” y que el objetivo parece ser “desnaturalizar el trasvase reduciendo al máximo, indirectamente, sus aportaciones”.
Así, ha comentado que la reacción debe ser el recurso contencioso administrativo frente al Plan Hidrológico del Tajo, “buscando la nulidad de pleno derecho de los caudales ecológicos”, y, en particular, por infracción del principio de legalidad: “Restricciones tan severas al ATS solo podrían haberse encauzado con una norma con rango de Ley”, ha dicho. Para finalizar, ha señalado que tanto si esta demanda prospera, como si no, podrán deducirse consecuencias económicas para el Estado, en forma de responsabilidad patrimonial de la Administración: “Creo que todavía hay tiempo para una última reflexión en relación al TTS y para evitar que lleguemos a vías jurídicas que no dejan de ser insuficientes y no dejan satisfechos a nadie”, ha concluido.
Finalmente, Alberto del Villar ha hablado de la aportación económica de los cultivos sostenidos con el trasvase Tajo-Segura, señalando que “el regadío es una actividad estratégica en la región” y que desempeña una labor esencial en la creación de valor de las actividades económicas regionales: “Es un activo ambiental muy valioso”. De hecho, según ha indicado, la aportación al VAB regional de todas las actividades que suministran bienes y servicios a las explotaciones de regadío del ATS se estima en unos 3.610 M€, creando de forma directa o indirecta unos 55.000 empleos, además de otros 12.000 empleos adicionales de forma inducida.
En este sentido, la agricultura sostenida por el ATS es una actividad de muy alto valor añadido y elevado nivel de creación de empleo que integra a su alrededor un conjunto importante de actividades económicas, genera una importante actividad de I+D+i. Y, aunque produce externalidades negativas como la contaminación, “su elevado valor es compensando por el efecto de sumidero de carbono”.
