Los acuerdos de la Eurocámara ponen en duda la viabilidad de proyectos como el de Termo-Biológicas

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Plataforma ciudadana de Cabana de Bergantiños (A Coruña, Galicia) que promueve el activismo en términos de conservación y defensa ambiental.
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El acuerdo de los Estados miembros en la Comisión de Medio Ambiente el pasado abril supone limitar a un máximo del 7% los combustibles derivados de cultivos -también denominados de primera generación- para el consumo energético del transporte en 2020 y optar en el futuro por una segunda generación de productos más avanzados procedentes de residuos y nuevas fuentes como las algas marinas con el objetivo de recortar las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por el uso de la tierra para la producción de este tipo de carburantes.

Por otra parte, los proveedores deberán reportar a la Comisión Europea el nivel estimado de las emisiones causadas por el concepto de "cambio indirecto de uso de la tierra" (ILUC en inglés), es decir, la liberación de más tierras de cultivo para producción alimentaria compensando así lo destinado a la producción de biocombustibles.

Tal como ha informado la Comisión de Medio Ambiente, "el uso de tierras agrícolas para producir cultivos para biocombustibles reduce el área disponible para cultivos de alimentos. Esto se suma a la presión para liberar más tierra, por ejemplo, a través de la deforestación, a cultivar más alimentos". Para el organismo "la deforestación en sí misma aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que puede cancelar parte o en algunos casos incluso la totalidad de los efectos beneficiosos del uso de biocombustibles".

Europa considera que no todos los biocombustibles tienen el mismo impacto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Los biocombustibles de primera generación, obtenidos a partir de cultivo de materias ricas en hidratos de carbono, suponen una competición directa con los cultivos alimentarios y forrajeros de las superficies agrícolas, lo que puede conducir a una conversión en el uso de los terrenos y la consiguiente liberación de emisiones. Por ejemplo, si se talan los bosques para alojar nuevas tierras de cultivo en compensación de las hectáreas dedicadas a la producción de biocombustibles, es posible que al final se genere un mayor nivel de emisiones que las emitidas con anterioridad por los combustibles tradicionales.

Impulso decidido desde Europa a la segunda generacion de biocombustibles

La decisión adoptada confirma que "los estados miembros de la UE tendrán que establecer un objetivo nacional, a más tardar 18 meses después de que la directiva entre en vigor, para los biocombustibles avanzados, como los procedentes de determinados tipos de residuos y nuevas fuentes como las algas".

Este factor se une a las restricciones impuestas a los biocombustibles de primera generación, que a partir del año 2020 no serán subvencionados en ningún caso pues los biocarburantes sólo tendrán ayudas si proporcionan una reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y no se derivan de cultivos utilizados para la alimentación y la ganadería.

Esta nueva normativa, que da cuenta del nivel de emisiones indirectas provenientes de los biocombustibles envía un claro mensaje de que los biocombustibles de primera generación no son en absoluto para Europa el futuro. De hecho, el Gobierno español ya ha adoptado medidas que limitan el uso de este tipo de carburantes y su reducción sustancial en los objetivos obligatorios de consumo.

Un escenario difícilmente asumible

A la vista de la normativa resulta cuanto menos complicado asumir la viabilidad de un proyecto como el defendido por Termo-Biológicas y su presunta inversión cercana a los 2.000 millones de euros durante los próximos siete años cuando inicialmente se habló de 300 en los medios de comunicación.

Hay que recordar que en este momento hay una investigación abierta en el Parlamento de Galicia impulsada por AGE, que públicamente ha denunciado la opacidad de las gestiones lo que hace que sean muchas las dudas que rodean a este proyecto por factores como "la relación de la empresa con proyectos fallidos en Canarias y Andalucía y las reclamaciones multimillonarias por daños y perjuicios por parte de esta", preguntándose "cómo es posible que con este nuevo marco normativo, y teniendo en cuenta que el sector de los biocombustibles está paralizado en Galicia, se vaya a invertir en las cantidades que se anuncian".

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