En la reunión de la Comisión Parlamentaria de Industria, Enerxía, Comercio e Turismo celebrada en pasado 19 de diciembre de 2014, el Director Xeral de Minas, Ángel Bernardo Tahoces, afirmó que no parece procedente que se presente ninguna reclamación patrimonial por parte de Edgewater porque "no se dan los supuestos para eso, hay una solicitud denegada por resolución firme en vía administrativa, totalmente conforme a derecho y en ese sentido no cabe responsabilidad de la Administración". Como insistió entonces "no hay ninguna circunstancia, ni de Hecho ni de Derecho para que se estime el recurso administrativo interpuesto".
La minera superó el plazo establecido en julio de 2013 por la Consellería de Economía e Industria para acreditar una solvencia mínima sobre la inversión del proyecto y un compromiso en firme con el resto de la financiación, aportando además la documentación exigida que acreditase la capacidad técnica de la empresa para desarrollarlo, por lo que, tal como señaló la propia Xunta, no cabe reclamación alguna por daños patrimoniales al tratarse de un proyecto en fase de tramitación en el que se incumplieron los requisitos planteados.
La retirada de los derechos mineros también fue legal
Por otra parte, la aprobación de la Ley 12/2014, de Medidas Fiscales y Administrativas y su publicación en el Diario Oficial de Galicia refrenda la decisión de la Xunta de retirar los derechos mineros a la compañía, al incorporar en su articulado una modificación de la Ley 3/2008, de Ordenación de la Minería de Galicia, que estipula con claridad que los derechos mineros podrán denegarse motivadamente por "el incumplimiento de los requisitos subjetivos o la insuficiente acreditación de la solvencia económica o técnica del solicitante".
La entrada en vigor de la nueva ley, además, no deja lugar a dudas, al señalar que "una vez que la resolución denegatoria sea definitiva en la vía administrativa, el órgano minero competente incoará de oficio el procedimiento de caducidad de los derechos, que, una vez que finalice, implicará la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Minero de Galicia".
Pese a la cancelación de las concesiones, el proyecto podría retomarse con el tiempo
La Plataforma considera que no es momento de celebraciones, porque pese a la cancelación de las concesiones "Emilita", "Cidade de Landró" y "Cidade de Masma" (códigos 1221, 1454 y1455 respectivamente), que suponían el eje esencial del plan de Mineira de Corcoesto S.L. / Edgewater, es necesario un avance significativo en la reforma de la Ley 3/2008, de Ordenación de la Minería de Galicia, que todavía mantiene vigente el Plan Sectorial de Actividades Extractivas (PSAEG), una normativa que da prioridad a la industria minera frente a otros sectores productivos.
De hecho, en los artículos 11 y 12 de la actual ley minera 3/2008, al PSAEG se le atribuyen plenos poderes que llegan a prevalecer incluso sobre los planes urbanísticos de zona al incluirse el concepto de "máxima simplificación administrativa en la tramitación de los expedientes mineros", estableciendo una clara preeminencia de la actividad minera por encima de otros sectores productivos y dando de facto vía libre a un proceso liberalizador al primar sobre lo público criterios empresariales y económicos. En este contexto, un nuevo proyecto minero en Corcoesto no sólo es posible sino incluso probable cuando la evolución económica permita un precio al alza de las materias primas que hagan rentable su explotación.
