El primer proceso de presentación de informes destacaba que la serie de problemas más importantes que afectaban a los países de la región se basaban en actividades antropogénicas, es decir: deforestación, contaminación del agua y prácticas agrícolas inapropiadas. Las actividades humanas tienen repercusiones negativas ambientales, económicas y financieras. La erradicación de la pobreza, como causa o efecto de la degradación de las tierras en las zonas áridas, zonas semiáridas y zonas subhúmedas secas se considera el elemento prioritario para la lucha contra la desertificación.
De conformidad con el párrafo 1 del artículo 26 de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), cada Parte comunicará a la Conferencia de las Partes para su examen en sus períodos ordinarios de sesiones, por conducto de la Secretaría Permanente, informes sobre las medidas que haya adoptado para la aplicación de la Convención.
Los primeros informes nacionales de los países Partes de América Latina y el Caribe (ALC) se prepararon a principios de 2000 para su examen en el cuarto período de sesiones de la Conferencia de las Partes.
La información proporcionada por las Partes a través de sus informes constituye una parte integral del sistema de examen del desempeño y evaluación de la aplicación (PRAIS, por sus siglas en inglés) establecido por la decisión 12/COP.9. De conformidad con la decisión 11/COP.9, esta información permitirá que el Comité de Examen de la Aplicación de la Convención (CRIC, por sus siglas en inglés) asuma las funciones de evaluación de la aplicación de la Convención y la Estrategia (2008–2018) y de examen y elaboración de las prácticas óptimas en la aplicación de la Convención.
Actualmente la República de Panamá se encuentra en la recopilación de información para la elaboración del V informe Nacional de Desertificación
