La Diputación de Sevilla promueve el apoyo de los grupos políticos a la petición de tarifas eléctricas justas para regadío

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Sobre la Entidad

El portavoz del Equipo de Gobierno de la Diputación de Sevilla, Manuel Domínguez, ha buscado el consenso de los grupos políticos integrantes de la Corporación Provincial para que la Diputación apoye la reivindicación de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía, FERAGUA, sobre unas tarifas eléctricas más justas para el regadío.
La actuación del portavoz del Equipo de Gobierno Provincial en este sentido, se producía tras la reunión mantenida por el diputado de Servicios Públicos para la Sostenibilidad, Antonio Conde, con Margarita Bustamante, donde la presidenta de FERAGUA ha explicado la situación crítica a la que el Gobierno está llevando al sector del regadío con el último cambio normativo sobre las tarifas eléctricas, aprobado en agosto pasado.

En su entrevista con Antonio Conde, Bustamante ha puesto el acento en la necesidad de que los municipios sevillanos y la propia Diputación Provincial apoyen la movilización que los regantes andaluces van a promover en el territorio de la Comunidad Autónoma, a través de una moción en sus respectivos plenarios.

Manuel Domínguez ha destacado la sensibilidad favorable de los portavoces de los grupos políticos que integran la Diputación a la posibilidad de mostrar el apoyo a esta causa en forma de declaración institucional en la próxima sesión del Plenario Provincial, que tendrá lugar el jueves 27 de febrero.

Según ha explicado Domínguez, en esa declaración institucional la Diputación demandaría al Ministerio de Industria del Gobierno de España un trato justo, que no castigue el tipo de consumo de la agricultura de regadío, principal motor económico y generador de empleo de muchas zonas rurales de Andalucía, así como que se adopten medidas que tiendan a la facturación por la potencia energética real utilizada, la aplicación de un IVA reducido a los agricultores de regadío y la exención del impuesto de electricidad, la posibilidad de realizar dos modificaciones de potencia contratada en el plazo de doce meses o de flexibilizar los contratos de temporada. 

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