Izquierda Unida Canaria (IUC) y Vecinos por el Puerto (VxP) llevarán al pleno del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz una propuesta conjunta para que la empresa Aqualia deje de recaudar la tasa por la prestación del servicio de depuración de aguas residuales, dado que unos 14.000 vecinos llevan casi dos meses sin suministro.
Ambas formaciones sostienen que, tal como han dejado claro diversos informes de los técnicos municipales, una entidad privada "no puede llevar a cabo el servicio de gestión y recaudación de una tasa".
Además, señalan que Aqualia "ni siquiera es concesionaria del servicio de depuración de aguas residuales, lo que aumenta la gravedad de la situación actual".
IUC y VxP recuerdan en una nota que, en septiembre de 2011, el pleno municipal aprobó, con los votos favorables del grupo de gobierno, encomendar a Aqualia la recaudación de la tasa por este servicio, a pesar de contar con el informe jurídico desfavorable del Jefe de Servicio.
En octubre, subrayan, se aprobó el convenio de colaboración para la encomienda de la recaudación de la tasa a la empresa y, en noviembre, se modificó la ordenanza reguladora de la tasa para adaptarla al modelo de convenio suscrito con Aqualia, y que el cobro se realizara de manera bimestral y no semestral, como en ella estaba establecido. Ambos acuerdos volvieron a contar con informes técnicos desfavorables.
Ambos partidos consideran que no existe justificación alguna para que el grupo de gobierno "mantenga" la encomienda a Aqualia durante más tiempo, "y más aún teniendo en cuenta los gravísimos incumplimientos de la empresa en la prestación del servicio de abastecimiento de agua, del que sí es concesionaria".
Asimismo, subrayan que la deuda que el Ayuntamiento mantenía con la empresa y que el grupo de gobierno utilizaba como argumento para la encomienda, al permitir ir compensando aquélla con los ingresos de la tasa, "ya ha sido saldada mediante el Plan de Pago a Proveedores".
Por ello, solicitan también que se retire inmediatamente la encomienda a Aqualia y que se estudie la conveniencia de realizar la recaudación de forma directa por el propio Ayuntamiento o de encomendarla al Consorcio de Tributos de la Isla de Tenerife.
