José Manuel Claver confía en confía en que a partir de ahora comience el fin de la guerra del agua en el trasvase Tajo-Segura

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El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), José Manuel Claver, ha manifestado su satisfacción por la aprobación de la Ley de Evaluación Ambiental, que recoge el acuerdo sobre el trasvase, porque supone "el inicio del fin de la guerra del agua en España".

Con motivo de la aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados de la Ley de Evaluación Ambiental que incluye el Memorandum del Tajo -que regula la regla de explotación del trasvase Tajo Segura- Claver ha manifestado que la norma establece un marco jurídico que garantiza la certidumbre, la planificación y la distribución responsable del agua que llega a través del acueducto Tajo-Segura.

La norma establece un marco jurídico que garantiza la certidumbre, la planificación y la distribución responsable del agua que llega a través del acueducto Tajo-Segura

Además, en declaraciones a Europa Press, ha dicho que los acuerdos son un "claro ejemplo de lo que España puede conseguir en beneficio del interés general" porque, en su opinión, el trasvase es una obra que vertebra y, por eso "un verdadero asunto de Estado".

"Esto ha sido fruto de una intensa negociación. No ha habido vencedores ni vencidos. Cada uno se ha llevado su pretensión", ha apostillado Claver, que ha añadido que Castilla-La Mancha ha logrado elevar de 240 a 400 el mínimo por debajo del cual no se puede trasvasar y que por ello, han perdido "un volumen importante" aunque el SCRATS ha entendido que era una aspiración legítima.

Así, confía en que a partir de ahora comience "el fin de la guerra del agua que se ha producido en el trasvase Tajo Segura que es, una obra fundamental que genera cerca de 100.000 puestos de trabajo directos y que aporta 2.364 millones de euros aporta al PIB.

Asimismo, ha recordado que la Ley de Aguas contempla que será la Ley del Plan hidrológico Nacional o una norma con rango de ley la que regule las transferencias de agua y sus condiciones. Por ello, ha elogiado la norma aprobada porque otorga seguridad jurídica ya que "no podía ser que la regla de explotación contemplara trasvases que luego, por motivaciones políticas no se aprobaban".

No es un derecho absoluto

Por el contrario, ha defendido que, a partir de ahora, no es que haya un derecho absoluto a los trasvases, sino que se fijan por ley esos niveles de explotación cuando la situación hídrica esté en niveles 1 y 2. Sin embargo, cuando se decrete el nivel tres, es decir, cuando no hay tantos recursos hídricos, no habrá obligación de enviar las aguas sino que queda a una decisión discrecional del ministro correspondiente.

Respecto a las posibles indemnizaciones que podrían reclamarse ante la falta de transferencia de agua, el presidente del SCRATS ha apuntado que el tratamiento será igual cuando el Estado incumple otras normativas.

En todo caso, ha reiterado que el Sindicato respeta "al máximo" la regla fundamental del trasvase, que solo se plantea si hay recursos excedentarios. Claver ha subrayado su satisfacción porque el trasvase da seguridad jurídica y proporciona a los regantes la necesaria planificación de cultivos con el mínimo de antelación, ya que dependen "exclusivamente" del trasvase.

Sobre una posible venta o cesión de derechos de agua entre usuarios del agua trasvasada, Claver ha asegurado con rotundidad que dicha práctica está radicalmente prohibida

Por otro lado, sobre una posible venta o cesión de derechos de agua entre usuarios del agua trasvasada, Claver ha asegurado con rotundidad que dicha práctica está "radicalmente prohibida" porque debe ser aprovechada por sus destinatarios. "De ningún modo se permite la especulación con esos recursos", ha insistido.

En cuanto a la inclusión de la regla del trasvase en la Ley de Evaluación Ambiental y las críticas que este hecho ha suscitado en los grupos de la oposición, Claver admite que "desde el punto de vista estético" le habría gustado más que hubiera estado en una norma independiente, pero ha añadido que "quien esté libre de pecado que tire la primera piedra".

"Esto no es nada nuevo. Recuerdo cuando en la anterior legislatura, en agosto se aprobó la reforma del embargo preventivo de buques y como disposición adicional se modificó la ley de aguas. No es lo mejor o más estético, pero no vamos a imponer nuestro criterio de modo alguno y es una vía perfectamente legítima", ha concluido.

En todo caso, los volúmenes a trasvasar ya están fijados para el primer semestre del año hidrológico, en el que dispondrán de 170 hectómetros cúbicos para regadíos y 35,2 para abastecimiento.

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