La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha asegurado en el Pleno de las Cortes regionales que los avances históricos logrados para Castilla-La Mancha en el plan del Tajo “no se han visto afectados por el denominado memorándum ni por las modificaciones legislativas en curso”, sino todo lo contrario.
Tal y como ha constatado la consejera, las disposiciones legales que se tramitan en las Cortes Generales, en el marco de la Ley de Evaluación Ambiental, refuerzan los logros alcanzados por Castilla-La Mancha en la planificación, como los 400 Hm3 de reserva en cabecera de los pantanos de Entrepeñas y Buendía garantizados por ley. Esto supone, a su juicio, la “expresión numérica de la preferencia de la cuenca cedente, por debajo de la cual no habrá trasvase”.
Marta García ha detallado los extremos más relevantes de la modificación legislativa en curso
La titular de Fomento ha calificado el contenido del plan como un “gran paso en la política de Estado del agua”, que dota de mayor seguridad jurídica a las decisiones que tenga que tomar la Comisión Central de Explotación, “garantizando que se atienden prioritariamente las demandas de la cuenca cedente y evitando presiones coyunturales en la toma de decisiones”.
Con ello, ha proseguido García de la Calzada, “se consagra la transparencia y la información pública constante y detallada de las transferencias entre cuencas a nivel nacional, eliminando discrecionalidades y arbitrariedades, tan frecuentes en los últimos años”.
La consejera ha subrayado que estos puntos fundamentales de la normativa cuentan con “el respaldo del Gobierno de Castilla-La Mancha” porque, una vez garantizadas las necesidades, “la solidaridad interterritorial se asienta por primera vez en la base de la seguridad y la transparencia”, beneficiando tanto a la cuenca receptora como a la cedente y poniendo las bases del futuro Plan Hidrológico Nacional, que se anticipa en esta norma con rango de ley.
Marta García ha detallado los extremos más relevantes de la modificación legislativa en curso, como la efectividad de la preferencia de la cuenca cedente; que se prioricen por ley las obras previstas en el PHN que permitan a nuestra región utilizar la infraestructura del trasvase, así como los recursos que tenga asignados y reservados; se consigue que la cesión de derechos intercuenca deje a salvo la reserva estratégica y que se establezcan por ley las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura.
La consejera de Fomento ha señalado que todos estos avances se recogen en una ley, mientras que a los gobiernos socialistas les bastaron tres meses en el año 2004 para “echar por tierra” el Plan Hidrológico Nacional negociado en el año 2001 con todas las comunidades autónomas, incluida Castilla-La Mancha.
