Araceli Costa lo cuenta hoy en ABC.
El Ministerio de Medio Ambiente negaba el viernes pasado que fuera a decretar una amnistía para los más de 500.000 pozos ilegales que se calcula existen en nuestro país, a pesar de que esa regularización se recogía en el borrador de ley de modificación del texto refundido de la Ley de Aguas en materia de aguas subterráneas. La justificación que daba el Ministerio en una nota para negar esa decisión era que desde ese departamento no se había elaborado «ningún borrador», y fuentes ministeriales dijeron a ABC que no era un documento oficial ni se había tratado en la reunión que el pasado 20 de enero el director general del Agua, Jaime Palop, había mantenido con el grupo de trabajo de Aguas del Consejo Asesor de Medio Ambiente.
Sin embargo, el pasado martes ese documento volvía a ponerse encima de la mesa esta vez en una reunión de los grupos ecologistas que participan en ese Consejo Asesor y a la que, según distintas fuentes, por parte del Ministerio asistieron el subdirector general de Gestión Integrada del Dominio Público Hidráulico, Jesús Yagüe; un asesor de Jaime Palop y un técnico de Medio Ambiente. A esa reunión los grupos ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción, Adena y SEO) acudían con algunos puntos innegociables, entre ellos la polémica disposición adicional cuarta con la regularización de los pozos ilegales. Según Julio Barea, responsable de la campaña de Aguas de Greenpeace, Yagüe «se comprometió a retirar esa disposición adicional» y a tener «muy en cuenta» los comentarios a ese texto articulado que las organizaciones ecologistas les remitieron ayer por la tarde.
Entre los puntos que los ecologistas consideran «innegociables» están, además de esa regularización de los pozos ilegales, que el texto se ajuste a los objetivos de la Directiva Marco del Agua, es decir, que se oriente más a «la gestión y cuidado de la calidad del agua» sin que «se anteponga la explotación privada»; que se dé prioridad al mantenimiento de los caudales ecológicos frente a los derechos de uso preexistentes de usuarios, y que la Administración controle a las Comunidades de Usuarios, pues el texto les da «la capacidad de emitir informes sobre el control de la calidad y la cantidad de agua, una tarea que corresponde al Estado», dicen desde Greenpeace.
