La consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Fuensanta Coves, defendió hoy el impuesto ecológico sobre el agua, de 0,2 euros el metro cúbico, previsto en la futura ley como "irrenunciable" para cumplir la Directiva Marco de Aguas y garantizar la inversión sostenida en el ciclo integral y precisó que otras comunidades como Galicia, Castilla La Mancha, País Vasco, Madrid o Cataluña ya lo tienen "y probablemente en una cuota mayor" a la propuesta por Andalucía.
En la inauguración de la III Conferencia sobre Gestión del Agua, jornadas organizadas por Agua y Gestión bajo el título AQUA 2006, Coves recordó que la comunidad ya ha obtenido competencias, una administración del agua y dotación presupuestaria, por lo que resta una ley que asegure el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas de manera "homogénea" para el conjunto del territorio.
Así, explicó que los objetivos de la futura Ley de Gestión del Ciclo Integral del Agua, en información pública en la actualidad y con previsión de entrar en vigor en 2008, residen en garantizar la mejor calidad en el suministro del agua con independencia de la zona de residencia y mejorar la situación ecológica de las masas de agua, según establece la Directiva Marco para 2015.
La consejera inauguró la conferencia acompañada del director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, Jaime Palop; el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, y el presidente de la Confederación de Empresario Andaluces (CEA), Santiago Herrero.
Palop hizo hincapié en la evolución de la depuración de aguas desde los años 80 y concluyó que en la actualidad queda un 20 por ciento de la población con un sistema no conveniente. Apostó por una gestión más compleja, con tecnología abierta, participación de ayuntamientos y diputaciones, una financiación creíble y con fórmulas de apoyo y solidaridad que hagan que la subida de tarifas por parte de los entes locales estén apoyadas por normativas de carácter autonómico.
Señaló que el debate actual se centra en congeniar la gestión de las cuencas y las pretensiones de las comunidades autonómicas de acuerdo a la Constitución. Indicó que la directiva marco sebe ser contemplada como una "oportunidad y no un estorbo" y justificó que la "prioridad absoluta" del Ministerio es fomentar la participación en materia de aguas.
"De una gestión eficaz e individual, pasar a una gestión eficaz y colectiva; del agua del Estado a un agua de la colectividad", subrayó para abogar por que los nuevos intereses tiene que estar en las confederaciones hidrográficas para eliminar las "tensiones regionales" en temas de agua. "Estamos en un momento en el que tenemos que cambiar y apostar por un modelo de gestión que dé respuesta a las nuevas exigencias de la sociedad", concluyó.
