El Gobierno central legislará el uso de aguas subterráneas «para evitar las tensiones sociales»

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Según informa ABC, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se compromete a llevar a cabo una planificación de los usos y recursos de las aguas subterráneas, así como a dar una solución definitiva a su gestión que garantice la sostenibilidad con el fin de evitar tensiones sociales mediante una política consensuada. Así lo manifiesta el Ejecutivo central en una respuesta por escrito al senador popular José Antonio Sacristán a la que tuvo acceso Ep. El parlamentario del Partido Popular preguntó sobre el contenido de la «supuesta promesa» de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, a los agricultores castellano-manchegos sobre una moratoria en la aplicación de la Ley mientras durase la sequía y la autorización para la extracción de agua de pozos.

En su respuesta, el Gobierno recuerda que el Ministerio hizo público un comunicado, el 3 de febrero, en el que desmentía una posible amnistía para los pozos ilegales, al tiempo que reitera su voluntad de dar una solución definitiva a los problemas relacionados con la gestión de las aguas subterráneas, que «tradicionalmente han sido abordados de manera insuficiente».

De hecho, alega que, en desarrollo de los principios de la Directiva Marco del Agua, el Ministerio llevará a cabo una planificación de los usos y recursos que garanticen la sostenibilidad, a través de mecanismos de cooperación de las partes interesadas, con el fin de evitar las tensiones sociales. Además, el Ejecutivo recuerda que el Ministerio ha creado un grupo de trabajo de aguas subterráneas con el objetivo de recoger las opiniones y estudios de los distintos colectivos involucrados en su gestión.

El primer resultado, agrega el Gobierno, ha sido la elaboración del documento «La gestión del agua subterránea: una propuesta desde la participación», cuyo contenido será estudiado por los servicios del Departamento para elaborar propuestas de actuación. El Ejecutivo deja claro que es la primera vez que se abre un proceso participativo, con más de 700 personas de distintos grupos sociales y económicos, para la toma de decisiones en este ámbito.

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