La Voz de Galicia analiza hoy la gestión de los ríos gallegos, prestando especial atención al proceso de creación de la demarcación hidrográfica Miño-Limia.
Además, el profesor Albino Prada analiza las consecuencias de que Galicia no tenga el control de sus recursos hidráulicos:
No voy a tratar aquí de un asunto ecológico o ambiental, aunque también lo sea. Tampoco es un juego de palabras cursi con el baile del Danubio. Me referiré aquí a que la bandera de Galicia nos resume visualmente recorridos por un río: el padre Miño. Un país sintetizado en una franja azul. Pero mi interrogante deriva de que el río que define la bandera no es azul, porque no está bajo la competencia del Gobierno gallego y para cualquier asunto trascendental (sobre la franja azul de la bandera) hay que ponerse al habla con Madrid (Ministerio de Medio Ambiente).
Puedo decirlo de otra forma: la Xunta de Galicia no controla el 47% (en resumen: la mitad) del territorio hidrográfico gallego. Y esto, aparte de ser una paradoja, tiene consecuencias ambientales, económicas y sociales.
Los aprovechamientos
La Xunta sólo gestiona plenamente (a través del ente Augas de Galicia) los ríos que discurren por completo dentro de la comunidad, lo que se llama cuenca Galicia Costa, pero los que reciben aguas que transcurren por más de una comunidad son cosa del Estado. Y aunque el Miño y el Limia lo hacen al 100% por Galicia, como del afluente Sil reciben aguas cuya cuenca ocupa un 4% de la superficie de Castilla y León (¡y un 0,2% de Asturias!) pues esa cuenca en su tramo gallego no es competencia de la Xunta de Galicia. Lo es de la sección Norte I de la Confederación Hidrográfica, con sede en Oviedo. Y de nada vale que el 83% de la población que reside en la cuenca Miño-Sil lo haga en Galicia.
Entre las muchas derivaciones de este asunto están los aprovechamientos hidroeléctricos. Embalses hoy sobradamente amortizados, derivados de concesiones mayoritariamente predemocráticas. Energía ahora extremadamente rentable (y más cuanto peor vaya con los hidrocarburos) de la que Galicia no se entera en sus plusvalías, mientras Iberdrola y Unión Eléctrica alardean de ser las eléctricas más rentables y verdes. Dividendo ambiental que estimo en 300 millones de euros anuales (por daños evitados en relación a la producción eléctrica con combustibles fósiles) que habría que renegociar 50 años después, si el Miño-Sil fueran en toda su riqueza patrimonial del país que los tiene en su bandera. Aunque la ocasión para sentar las bases de una nueva etapa podría ser la actual reforma del Estatuto de Autonomía. Se trataría de hacer real la bandera gallega. Que el río que la inspira sea controlado por nuestro Gobierno.
Precedente
No lo ha olvidado la actual Junta de Andalucía, que en su propuesta de Estatuto (aprobada el pasado 2 de mayo) en su artículo 50 afirma rotunda: «La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta competencias exclusivas sobre la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, sin perjuicio de la planificación general del ciclo hidrológico, de las normas básicas sobre protección del medio ambiente, y de las obras públicas hidráulicas de interés general». Y lo proponen porque -también en su caso- como el 7% de la cuenca está en Castilla-La Mancha, el 3% en Extremadura y el 1% en Murcia era hasta ahora el Ministerio de Medio Ambiente y la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir los que entendían del asunto.
No sé si tal redacción es plenamente constitucional, pero sostiene Chaves que para Andalucía es asunto irrenunciable, a pesar de que ellos no tienen una franja azul en su bandera.
Albino Prada Blanco es profesor de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo.
