El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, anunció ayer que su departamento ha iniciado conversaciones con las operadoras hidroeléctricas para exponerles la necesidad de que reviertan a la comunidad una parte del beneficio que obtienen por el aprovechamiento de los recursos naturales gallegos.
El esquema con el que trabaja el Ejecutivo gallego incluye la creación de una especie de impuesto verde o ecotasa, que se aplicaría a las firmas hidroeléctricas. Sería algo parecido al precio público aplicado por los ayuntamientos a las firmas energéticas por la ocupación del suelo, el subsuelo o el vuelo de la vía pública municipal, conocida popularmente como tasa de palomillas.
En cuanto a la renegociación de licencias, desde el gobierno gallego se recuerda el caso de Unión Fenosa y la Comunidad de Madrid, que alcanzaron el pasado mes de diciembre un acuerdo para asegurar el suministro en la Comunidad que suponía la cesión por parte de la eléctrica de 50 hectómetros cúbicos de agua de las concesiones de caudal sobre el río Alberche.
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