El agua es mía y yo me la gestiono

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Lola Galán

En los despachos políticos de Sevilla y Valladolid se hace hincapié en que las reclamaciones respectivas sobre el agua no atentan contra la Constitución, ni lo pretenden. El portavoz popular en las Cortes de Valladolid, José Antonio de Santiago Juárez, insiste en que en sus aspiraciones "no hay el menor ánimo soberanista". Y su compañero de partido, y consejero de Medio Ambiente, Carlos Fernández Carriedo, cree más bien que estas reclamaciones demostrarían "la madurez política de los gobiernos autónomos que han contribuido decisivamente a la prosperidad de nuestro país". Sobre todo porque, dice el consejero, "estas competencias no se reclaman con ánimo excluyente sino con una clara visión de España". Y tampoco responden a un puro afán mimético.

La Junta castellanoleonesa no pretende seguir los pasos de Andalucía, ni Andalucía admite seguir los de Cataluña. La comunidad que más ha conseguido hasta ahora en este asunto. Por ejemplo, además de las cuencas internas, gestiona las aguas del Ebro que atraviesan su territorio desde 1985, gracias a una encomienda de gestión. "La Agencia Catalana del Agua (ACA) actúa como una ventanilla pero luego todas las tramitaciones las envía a la sede de la Confederación del Ebro, a Zaragoza", explica Eugenio Nadal. Es un acuerdo del que deberían disfrutar, cree él, las otras ocho autonomías de la cuenca del Ebro. Pero este desequilibrio tiene los días contados. No hay más que oír a Gaspar Zarrías, consejero andaluz, cuando advierte de que Andalucía no quiere ser menos que nadie. O al aragonés Alfredo Boné, para quien "la única forma de evitar la catástrofe es que haya un pacto del agua que cuente con un amplio respaldo social y político". Cualquier decisión que se tome, cree César Cimadevilla, "debe respetar la Constitución, que está muy clara y no habla de porcentajes de participación de una comunidad en una cuenca, sino de cuencas intracomunitarias o intercomunitarias". Aun así, Cimadevilla coincide con Eugenio Nadal, para quien "el peso territorial justifica que se articule alguna particularidad para esas comunidades. Podría ocurrir en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y en la del Duero como ocurre con la autoridad portuaria de Baleares, la nombra Madrid, pero a petición del Gobierno balear".

La guerra estaturia por el agua, en El País

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