EL agua es un bien escaso en muchas regiones españolas. De ahí la necesidad de que su distribución y uso racional sean objeto de una política de Estado, ajena a intereses localistas o al oportunismo coyuntural. Así lo reclamaban los regeneracionistas hace más de un siglo y este es el único camino razonable para encauzar un problema que se agrava cada día. Las últimas lluvias han aliviado un poco la situación, pero es imprescindible tomar medidas para que la política del agua responda a principios de eficiencia y solidaridad. El PP puso en marcha un Plan Hidrológico Nacional que el Gobierno socialista se apresuró a derogar. A partir de entonces, Medio Ambiente malgasta su tiempo en anuncios y proyectos que nunca se cumplen. Este desconcierto da lugar a que cada uno haga la guerra por su cuenta y el agua se convierte en moneda de cambio político, atizando el enfrentamiento entre comunidades y entre los genuinos intereses de consumidores, regantes y otros usuarios, a veces con una dosis notable de demagogia. Si la política democrática debe ser valorada por su capacidad para articular demandas legítimas, la gestión del Ejecutivo merece en este caso un suspenso rotundo.
Las reformas estatutarias son -por ahora- el último capítulo de esta guerra absurda. Cataluña blinda el agua del Ebro, cuestión aún pendiente de resolver por el TC. Los demás no quieren quedarse atrás. Se anuncia que PSOE y PP han llegado a un acuerdo en Castilla-La Mancha para poner fecha de caducidad en 2015 al trasvase Tajo-Segura, dejando en mal lugar a sus propios compañeros de partido en Murcia o Valencia. En el Estatuto andaluz, Chaves aprovecha para blindar la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a pesar de las protestas de Extremadura. Estamos en periodo preelectoral y nadie se arriesga a perder votos. Pero las elecciones pasan y los Estatutos quedan, dando lugar a una alteración subrepticia en la distribución actual de las competencias. Parece que la moda consiste en ignorar el texto de la Constitución, convirtiendo a los Estatutos en el único referente jurídico dentro de su propio territorio. Son las consecuencias -deseadas o no- de esa falsa España «plural» que proclama Zapatero, que impiden al Estado desarrollar políticas públicas a escala nacional.
El TC tiene trabajo. Mientras no se modifique, sigue en vigor el precepto constitucional que atribuye al Estado la competencia exclusiva de «la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma». Y queda, por supuesto, el principio de solidaridad, que es -junto con los de unidad y autonomía- pieza clave de un Estado autonómico, en triste deriva hacia un modelo más o menos confederal. Este parece ser el objetivo del Estado «residual» auspiciado por Maragall y avalado por Zapatero. Mientras tanto, la España seca nada puede esperar de una política que fomenta el egoísmo y la insolidaridad.
