El Gobierno pone precio al cumplimiento de la Directiva 91/271

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Informa hoy Expansión acerca de un plan del Gobierno que pone números al cumplimiento de la Directiva 91/271 de sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas en España.

Y las cifras marean. Según el diario económico, el montante de la inversión ascendería a 20.000 millones de euros, que servirían para costear los más de dos mil proyectos previstos. El plan de saneamiento y depuración, que se llevaría a cabo con las Comunidades Autónomas, se extendería en el período 2006-2015.

Uno de los puntos en discusión es la financiación. El Gobierno central sólo tiene previsto aportar unos 3.000 millones de euros, destinados a aquellas obras consideradas de interés general. El resto de la inversión procederá de los fondos de la Unión Europea, de las administraciones territoriales y, probablemente, del sector privado.

El Ejecutivo contempla trasladar los sistemas de colaboración público-privados, utilizados con frecuencia en la financiación de las redes de transporte, al plan de saneamiento y depuración. Las filiales de medioambiente de los principales grupos constructores ya operan bajo este régimen en la construcción y explotación de desaladoras en el mercado nacional e internacional, por lo que, según fuentes consultadas, no sería descabellado copiar el mismo modelo para las grandes estaciones de depuración.

En el informe al que ha accedido Expansión, se citaría esta posibilidad:

“A la cantidad del plan (20.000 millones de euros) habría que sumar un porcentaje de entre el 10% y el 15% en concepto de gestión, mantenimiento y explotación, verdadero caballo de batalla de las Administraciones públicas”

Se habla en el informe de la necesidad de potenciar los cánones autonómicos ligados a la gestión y explotación de las infraestructuras. En este punto hay errores ya que se menciona 3 comunidades que utilizan este instrumento, cuando la realidad es que son muchas más. También hay inexactitudes en la cuantía de los cánones, ya que en Cataluña por ejemplo, puede ser mucho mas alto que los 0,40 euros/m3 que menciona la noticia.

La mención explícita a las industrias agroalimentarias parece indicar que los informes integrados del artículo 5 de la Directiva Marco no iban desencaminados, ya que situaban uno de los principales focos de la contaminación industrial en este sector.

El plan parece haber despertado gran interés en las seis grandes constructoras españolas (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHL). que disponen de filiales especializadas en el sector. El grupo Abengoa y Degremont, filial de Suez, también participarán en los concursos.

Además de competidores extranjeros como, por ejemplo la multinacional francesa Veolia o General Electric, en el sector no se descarta la presentación de ofertas de grupos regionales. En los últimos tiempos, también se ha especulado con el desembarco de compañías israelíes.

Por último, un dato interesante comparando este plan con el PEIT:

Los responsables de Medio Ambiente justifican la necesidad de abordar esta inversión multimillonaria enfrentándola a los planes de otros departamentos ministeriales, mucho más costosos. “La inversión prevista anual de 1.974 millones de euros representa el 0,22% del PIB”, mientras que la del PEIT del Ministerio de Fomento supone el 1,2% del PIB, “cuando la presión que se ejerce sobre las administraciones ambientales es considerablemente mayor”.

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