¿Una tasa para las actividades de seguridad de las presas?

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Al menos es lo que dice Marisa Recuero en este artículo en El Mundo. En el mismo, se cifra en 544 millones de euros (una minucia comparado con las cifras que se preven en el nuevo plan de saneamiento), a invertir en los próximos cuatro años, el Plan de Seguridad de Presas, que pretende lavarle la cara a unas instalaciones en un estado de conservación precario en muchos casos.

Llaman la atención algunos datos que se ofrecen en el artículo:

"En España, existen en torno a 1.300 grandes presas. La mayoría de ellas se construyó durante la dictadura del general Francisco Franco. Cerca de un 70% tiene más de 20 años y sólo un 16% data de antes de 1940. En 1982, el patrimonio de infraestructuras hidráulicas se estimó en cinco billones de las antiguas pesetas. Los beneficios anuales que generan los embalses ascienden a 30.000 millones de euros, es decir, entre el 7% y el 8% del Producto Interior Bruto español."

Interesantes, aunque me gustaría contrastarlos.

De las 300 presas a modernizar, ya se han adjudicado 105 (gráfico). Ofiteco, Elsan-Pacsa, Ayesa, Befesa, Dragados, Matinsa (FCC), Facsa e Ingiopsa son algunas de las empresas beneficiadas.

Finalmente, se explican las fuentes de financiación de este proyecto. Por un lado, fondo de entidades colaboradoras de control en materia de seguridad de presas y embalses. Y por otro (lo más novedoso bajo mi punto de vista), se modificaría la Ley de Aguas para incluir una tasa a pagar por los usuarios de las presas por las actividades de seguridad de las mismas. La tasa será de 300 euros. La Ley de Presupuestos Generales del Estado será la que revise cada año su importe.

La futura Agencia Estatal de Seguridad de Presas y Embalses recaudaría esta tasa, respaldada por la Agencia Tributaria.

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