Las confederaciones hidrográficas serán responsables de la autorización de los vertidos industriales a los alcantarillados municipales, según se desprende de una sentencia del Tribunal Supremo que anula un artículo del reglamento de dominio público hidráulico de la Ley de Aguas. Hasta ahora, las confederaciones concedían los permisos para verter directamente a los cauces o aguas subterráneas, y los ayuntamientos las autorizaciones de industrias que canalizan sus aguas residuales al alcantarillado.
El recurso contra esta distribución de competencias lo presentó en 2004 la abogada María Jesús Acosta Pina en nombre del Ayuntamiento de Benifaió al considerar que la responsabilidad del permiso debe ser de las confederaciones, ya que estas aguas son vertidos indirectos a aguas superficiales que acaban en ríos. El Ministerio de Medio Ambiente impuso en 1998 al municipio una multa de 300.506 euros y una indemnización de 86.194 por no controlar unos vertidos contaminantes. Benifaió estaba pendiente de que el Gobierno construyera una depuradora para varios pueblos. El Supremo da la razón al Ayuntamiento. Acosta dice que el fallo es especialmente benefioso para pequeños municipios sin medios. La sentencia obligará a las confederaciones a una reorganización para asumir esta carga de trabajo.
Vía, El País.
