C. S. Rubio
Si en una cosa están de acuerdo Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia y el Gobierno central es en que no hay ningún acuerdo a la hora de hablar de agua. Así quedó constatado en el coloquio organizado ayer por el Club Siglo XXI, que reunió a los responsables de la política hidráulica de las tres comunidades y del Ministerio de Medio Ambiente. Y es que, si bien las palabras «es necesario alcanzar un pacto» sonaron repetidamente en la sala, ni Murcia ni Valencia quisieron hablar de una política hidráulica sin trasvases. Mientras, en la otra esquina del ring, Castilla-La Mancha defendió la caducidad «por ley» del Tajo-Segura y el director general del Agua, Jaime Palop, aseguró en que la única razón por la que pervive el trasvase del Tajo y no el del Ebro es porque «la infraestructura existe».
En este sentido, el consejero de Agricultura y de Agua de Murcia, Antonio Cerdá, insistió en que «en España hay agua suficiente, pero mal distribuida». Una tesis que le sirve para justificar que la derogación del trasvase del Ebro fue una «decisión política», que ha traído consigo la «insolidaridad entre las comunidades autónomas». Una insolidaridad que, añadió, «no se solucionará con leyes sino con mucho tiempo».
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