Agua y reformas estatutarias

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p_ica_2006.gifDesde 1989, el Informe Comunidades Autónomas es una publicación anual del Instituto de Derecho Público (IDP) que analiza el sistema jurídico y la actividad institucional de las 17 Comunidades Autónomas españolas, examinando no sólo sus normas sino también el derecho que les afecta, tanto del Estado como de la Unión Europea. Desde 1992 la publicación ha contado con el patrocinio del Senado y de la mayoría de las Comunidades Autónomas.

Este año, uno de los temas estrella del informe es el tratamiento del agua en las reformas estatutarias, sobre el cual versa este párrafo que entresaco de la valoración general redactada por el profesor Joaquín Tormos

"...la problemática del agua ha recibido en diversos Estatutos una atención especial, lo que ha supuesto que en la práctica en la regulación de esta importante cuestión haya primado el interés por reivindicar la propiedad de este recurso escaso sobre las cuestiones relativas a su uso racional y solidario. Si bien en ocasiones las previsiones estatuarias se limitan a meras declaraciones de voluntad sobre la forma de gestionar agua, lo cierto es que pueden constituir un problema de orden político cuando deban adoptarse las decisiones concretas sobre la administración de esta agua en los órganos competentes.

Así, por ejemplo, en el Estatuto de la Comunidad Valenciana su artículo 17 garantiza el derecho a disponer de abastecimiento de agua de calidad. En el Estatuto Catalán, el artículo 117 garantiza a la Generalidad de Cataluña su participación en la planificación hidrológica y en los órganos de gestión de las cuencas intercomunitarias, y dispone que la Generalidad deberá emitir informe preceptivo para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial. El Estatuto de Andalucía asume como competencia exclusiva la cuenca del Guadalquivir que transcurra por su territorio y no afecte a otro territorio. El proyecto de Estatuto de Aragón cifra la cantidad del Ebro que debe quedar garantizada para la Comunidad Autónoma en 6550 Hm3, el de Castilla-La Mancha determina en su disposición transitoria segunda que en el año 2015 se pondrá fin al trasvase Tajo-Segura.

Estas previsiones han dado lugar al planteamiento o anuncio de recursos de inconstitucionalidad. Así, los Gobiernos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón han impugnado el Estatuto Catalán, mientras que los Gobiernos de Aragón y Castilla-La Mancha impugnan el Estatuto de la Comunidad Valenciana. Los Gobiernos de Extremadura y Castilla-La Mancha han manifestado su oposición al Estatuto Andaluz, y la Asamblea de Murcia se manifestó en contra del proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha."

Demasiadas piezas para un puzzle difícil de encajar.

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