El consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, anunció ayer que la Junta prevé la creación de la Cuenca Andaluza del Guadalquivir, que permitirá tanto la unidad de cuenca como la planificación de la misma en lo que respecta a las aguas que discurren por la comunidad autónoma. Este órgano asumirá las funciones de la actual Confederación Hidrográfica. Esta institución estatal no desaparecerá, aunque tendrá un protagonismo mucho menor que en la actualidad.
Zarrías hizo hincapié en que se mantendrá la unidad de la cuenca ante las advertencias de los regantes del Guadalquivir de acudir a los tribunales contra el traspaso si se aplicaba el modelo de las cuencas del Mediterráneo y Atlántico.
Actualización (Nota de prensa del MAP)
Desde el punto de vista técnico, el acuerdo se sustenta en ocho grandes puntos, de los que destacan la definición del ámbito de gestión de la Junta de Andalucía y el establecimiento del principio básico de cooperación entre la Comunidad Autónoma y el Estado para el intercambio de información hidrológica y para el cumplimiento de los objetivos ambientales y de gestión de los recursos hídricos fijados por la Directiva Marco de Aguas.
Por lo que respecta a la planificación hidrológica y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Administración del Estado establecerá el Plan Hidrológico del Guadalquivir mientras que la Junta de Andalucía elaborará las propuestas de actuaciones y los programas a incluir en dicha planificación.
En este plan, se le asignará a la Junta el volumen de las aguas disponibles correspondientes a la cuenca del Guadalquivir que transcurre por la Comunidad Andaluza, siendo responsabilidad de la Junta otorgar las concesiones de recursos hídricos dentro de su territorio.
Otra de las claves del acuerdo es la gestión de los embalses. En estos momentos, en la cuenca del Guadalquivir se localizan 57 grandes embalses de regulación. Dos de ellos –Fresneda y Montoro- se encuentran en otras comunidades autónomas y otros dos –Jándula y Pintado- tienen afecciones a otras comunidades, por lo que seguirán siendo gestionados por la Administración central del Estado, si bien en el caso de los dos últimos el Estado se coordinará con la Junta en su gestión. En los 53 restantes, que suponen más del 90 por ciento de la capacidad total de embalse de la cuenca, la Junta explotará, conservará y establecerá el régimen de desembalses de los aprovechamientos hidráulicos y de las obras hidráulicas asociadas.
Respecto a los órganos de gestión y participación, cada Administración creará los que estime conveniente, de acuerdo con la normativa correspondiente, si bien tanto la Junta como el Estado se obligan a tener representación en los órganos creados por la otra Administración.
Asimismo, la Junta formará parte del consejo de administración de la sociedad estatal de aguas de la cuenca del Guadalquivir (Aquavir), mientras que el Estado presidirá el Comité de Autoridades Competentes que establece la Directiva Marco de Aguas.
Por lo que respecta a las obras hidráulicas, la Junta programará, financiará, construirá y gestionará las obras que sean de su interés en su territorio, mientras que el Estado ejecutará aquellas actuaciones que sean declaradas de interés general o que afecten a otra comunidad autónoma. No obstante, ambas partes podrán colaborar mediante la firma de los oportunos convenios en el desarrollo de estas actuaciones, como de hecho ya está ocurriendo en la Cuenca Atlántica Andaluza y la Cuenca Mediterránea Andaluza.
Por último, y en el ámbito de la protección del dominio público hidráulico, la Junta de Andalucía otorgará las correspondientes autorizaciones de vertido, ejercerá las funciones de policía de aguas y cauces, realizará el deslinde del dominio público hidráulico y aplicará el correspondiente régimen sancionador en su territorio.
