Los precios del agua para la agricultura (Ángel Gurría, Secretario General de la OCDE)

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Este texto es un extracto del discurso pronunciado por el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, en la Expo de Zaragoza el pasado 8 de septiembre.

Reconciliar las demandas económicas, sociales y ambientales en el sector agrícola es un desafío de gran envergadura. Sin duda, los adelantos tecnológicos y de la gestión han ayudado a aumentar en los últimos 40 años la productividad del uso del agua por la agricultura, lo que ha permitido una mayor producción de alimentos. Pero el incremento de la productividad no será por sí solo suficiente. Es preciso avanzar hacia una gestión sostenible a largo plazo de los recursos hídricos.

Existen en la actualidad cuatro factores principales que generan obstáculos al avance: las políticas, los derechos de propiedad, los precios y la gestión.

  • Los precios. A menudo los agricultores pagan precios muy reducidos por el agua suministrada y consumida. Pagan mucho menos que los hogares o la industria, aunque los precios deben compararse con cautela ya que a veces el agua que reciben los agricultores es de una calidad diferente. También contribuyen a una excesiva utilización del agua y a su contaminación la falta de incentivos adecuados para reducir el consumo y la aplicación laxa del principio según el cual quien contamina paga.
  • La gestión. En el sector de los recursos hídricos hay también un problema de gestión. Las medidas normativas en cuestiones de calidad y cantidad de agua se contemplan pocas veces en un marco más amplio. Pero una gestión sostenible del agua sólo será posible mediante un conjunto de medidas que considere diversos instrumentos de política, reformas institucionales y una participación más amplia de la comunidad.
  • Las políticas: independientemente de las reformas, más de 60 por ciento del apoyo que los países de la OCDE aportan a la agricultura (esto es, 60 por ciento de 258.000 millones de dólares, o sea 155.000 millones) se proporciona mediante medidas estrechamente relacionadas con la producción de productos agrícolas básicos. Pero aumentar los precios de lo que venden los agricultores o bajar los precios de sus insumos los desincentiva de producir de manera económicamente eficiente y les incita a utilizar más agua que si la situación fuera distinta.
  • Los derechos de propiedad. En muchos países, los derechos de propiedad del agua o de su utilización por los agricultores no están claramente definidos. En otros casos, se considera que el agua es un recurso colectivo, lo que no permite un control cabal del consumo de cada agricultor ni dar cuenta de la contaminación. Este último problema es exacerbado por el hecho de que generalmente es difícil identificar al agricultor que ha originado la contaminación en una masa de agua determinada.

Para superar estos cuatro obstáculos será preciso recurrir en mayor medida a instrumentos basados en el mercado. Ofrecer un acceso artificialmente barato a recursos escasos como el agua es contraproducente. Cuando se atribuye a este tipo de recursos un valor inferior al que realmente tienen, son tratados como si fueran abundantes, lo que agudiza aún más las limitaciones existentes. Los planificadores de políticas deben asegurar que el agua utilizada por la agricultura se asigna de manera eficiente para responder a las demandas de alimentos, fibras y combustible. Deben concebir incentivos que consideren la contaminación del agua y brinden apoyo a los ecosistemas, y permitan a la agricultura introducir ajustes que reflejen la evolución de los mercados.

Permítaseme mencionar sólo un ejemplo de la manera en que las reformas de la fijación de los precios del agua y su comercialización pueden incrementar la eficiencia. En Australia, las reformas en el sector del agua, entre ellas el alza de su precio y su comercialización, han contribuido a reducir de 50% el volumen de agua de riego por hectárea, manteniéndose el nivel de producción agrícola.

Es alentador comprobar que los gobiernos de algunos países de la OCDE, por ahora unos pocos, están procurando seriamente tomar este rumbo. Para avanzar más rápidamente, los trabajos de la OCDE indican que serían necesarias las reformas siguientes:

En primer lugar, la reforma del apoyo a la agricultura y de los subsidios a la energía es indispensable para crear un marco adecuado de incentivos para los agricultores. Se trata, desde luego, de una importante tarea en materia de políticas, como lo acaba de atestiguar el colapso de las negociaciones de Doha, pero que no obstante debemos emprender y proseguir con determinación.

En segundo término, tenemos que aumentar la recuperación de los costos mediante tarifas y mecanismos de fijación de precios del agua que alienten el ahorro en su consumo, las innovaciones tecnológicas y un acento en la producción de productos agrícolas básicos de mayor valor, proporcionado al mismo tiempo incentivos destinados a reducir la contaminación. En general, la reactividad de los agricultores respecto de los precios requiere que tengan el control del agua que captan del sistema de irrigación. Pero para establecer con éxito unos mecanismos de formación de precios del agua, es importante que los planificadores de políticas tengan cabalmente en cuenta el contexto social, ambiental e institucional.

Tercero, es necesario definir mejor los derechos de propiedad vinculados a la captación de agua y los derechos relativos a las descargas en masas de agua derivadas de las actividades agrícolas. Generalmente se imponen límites a los derechos de agua, por ejemplo a la captación en los acuíferos, pero algunos países ya han emprendido el proceso de separar los derechos sobre el agua de los derechos sobre la tierra, como en Australia.

Finalmente, la gestión de las políticas relativas al agua debe ser coherente en los diversos niveles de adopción de decisiones, de la explotación agrícola al acuífero y la cuenca fluvial, así como en los planos nacional e internacional. El diseño de las políticas debe asimismo contemplar las interacciones entre diferentes usos del agua y las políticas al respecto, a fin de evitar los incentivos conflictivos para los agricultores.

Discurso completo.- OCDE

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