Las organizaciones ecologistas, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han presentado hoy el documento "Un programa por la Tierra. Un año sin política ambiental" en el que hacen un balance de la gestión ambiental del Gobierno Central al cumplirse un año de las elecciones generales. Las organizaciones coinciden en que, en la actualidad, el medio ambiente ha perdido gran parte del peso político que tuvo en la anterior legislatura y en que la política ambiental ya no forma parte de las prioridades del Gobierno.
En concreto, en al ámbito referido a la política de aguas (página 11 del documento presentado), se afirma lo siguiente:
De vuelta a la vieja cultura del agua
La política del agua del actual Gobierno es de gran indefinición, con claros indicios de vuelta al pasado, a la política de trasvases y embalses, subordinada a las políticas agraria y urbanística, y con un excesivo peso de las presiones autonómicas, que están poniendo en peligro el principio básico de la unidad de cuenca consagrado por la Directiva Marco del Agua. Sigue sin abordarse una modificación de la Ley de Aguas que permita recuperar los costes reales económicos y ambientales de los usos del agua.
La planificación hidrológica en marcha tiene graves carencias. El principal objetivo sigue siendo cómo abastecer todas las demandas, sin cuestionarse seriamente si son o no sostenibles. No cuenta con suficientes datos sobre el estado de las masas de agua, la participación pública está siendo minimizada para que no interfiera con los acuerdos políticos previos, y son anecdóticos los avances sobre reservas naturales fluviales, caudales ecológicos y restauración. Por otro lado, no se está teniendo en cuenta los efectos del cambio climático para modificar la planificación en función de la reducción de los caudales. Además, la coordinación entre política de aguas, regadíos y conservación de la naturaleza brilla por su ausencia.
Por el contrario, de forma paralela, se echa por tierra el principio de gestión del agua desde la unidad de cuenca, al completarse la transferencia del Guadalquivir y plantearse casos similares en otras cuencas como la del Duero y se avanza peligrosamente hacia la reconsideración de los trasvases como alternativa de oferta. El trasvase Júcar-Vinalopó y el del Tajo a la Llanura Manchega siguen su construcción, y el Gobierno está estudiando el Trasvase del Tajo Medio y el del Ródano. Entre tanto, la desalación no está resultando una alternativa real que impida la sobreexplotación de los recursos hídricos.
En materia de agricultura, se ha avanzado en la modernización de regadíos, pero no se revisan a la baja las concesiones de agua de las explotaciones modernizadas con lo que realmente no existe un ahorro de agua real que beneficie a nuestros ríos. Tampoco se afronta el problema del uso ilegal del agua, siendo escasos los pozos cerrados de entre el más de medio millón de captaciones ilegales existentes.
Como aspecto positivo resaltar que hay un impulso decidido por la depuración de aguas, motivado por la sanción de la UE al Estado español en esta materia. Las comunidades autónomas están igualmente implicadas en esta tarea gracias a los fondos europeos. Sin embargo, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas sigue siendo una asignatura pendiente que amenaza a nuestras reservas de agua dulce. Tanto la industria pesada (química, siderúrgica, papeleras...), como la minería (por ejemplo la mina de Las Cruces en Doñana), son fuentes de vertidos altamente tóxicos y peligrosos a nuestros cada vez más afectados ecosistemas fluviales y costeros.
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