Feragua ve en el anteproyecto de ley de aguas intervencionismo, déficit de participación, afán recaudatorio, confusión competencial y un difícil encaje en el ordenamiento jurídico

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Feragua ha remitido al Consejo Consultivo de Andalucía un documento de síntesis que recoge las principales conclusiones y valoraciones de siete expertos y catedráticos de Derecho Administrativo a los que se les ha solicitado un juicio técnico sobre el Anteproyecto de Ley de Aguas de Andalucía. Los regantes esperan que estas opiniones, que fueron manifestadas públicamente en el transcurso de una jornada celebrada el pasado 29 de junio en la Facultad de Derecho de Sevilla y convocada por Feragua, sirvan para influir en el informe que el Consejo Consultivo emita antes de que se inicie el trámite parlamentario, y así pueda modificarse un texto que, a juicio de Feragua, peca ahora mismo de intervencionismo gubernamental, déficit de participación, afán recaudatorio, y duplicidad y confusión competencial en perjuicio del principio de unidad de cuenca, entre otros problemas.

Feragua considera que las opiniones de los expertos consultados refrendan que el Anteproyecto tiene un amplio margen de mejora en prácticamente todos sus capítulos, desde el que regula la organización administrativa y participación de los usuarios hasta el que ordena el régimen concesional, pasando por el que establece el nuevo régimen económico-financiero, el que se refiere a la planificación hidrológica o al articulado sobre aguas subterráneas. En todos ellos, el regadío observa artículos que pueden ser conflictivos por su difícil encaje con la normativa estatal y también ve en muchos indefinición y falta de claridad, en perjuicio de las posibilidades de defensa jurídica de los usuarios y en beneficio del margen de discrecionalidad de la administración en sus decisiones.

Esa ampliación de las posibilidades de que la Administración incurra en arbitrariedad coincide, según Feragua, con un claro aumento del poder gubernamental y un deterioro evidente de la participación de los usuarios (Comunidades de Regantes y empresas de abastecimiento e hidroeléctricas), cuya participación pretende ser diluida a favor de otros colectivos que no tienen capacidad alguna sobre la gestión de las aguas, lo que reduce enormemente el grado de compromiso de los verdaderos usuarios y gestores del recurso.

La gestión del agua pierde de esa forma corresponsabilidad de los usuarios en Andalucía, y gana en intervencionismo por parte de la administración. Un déficit de participación tanto más alarmante cuanto que el anteproyecto no garantiza la unidad de gestión (ni siquiera menciona el principio de unidad de cuenca) y favorece con su indefinición la confusión y duplicidad competencial. El botón de muestra de todo ello, según Feragua, es la creación del Observatorio Andaluz del Agua, un nuevo órgano que “sólo servirá para despilfarrar el dinero de los andaluces, que no se sabe qué funciones desarrollará, pues se duplica con las atribuidas a otros órganos, y destinado únicamente a conferirle una baño de participación y legitimidad democrática a una política que será más intervencionista y de menos calidad democrática que nunca”.

A juicio de Feragua, el margen de discrecionalidad se amplía tanto de forma general como de forma particular en cuestiones de tanta trascendencia como la asignación de recursos, que queda en manos de la mera voluntad de la administración, sin más condiciones y requisitos y vulnerando lo que marca la propia Ley de Aguas. Una Ley que también es ignorada por la administración andaluza al relegar al regadío en el orden de prioridad de usos actualmente vigente en el ordenamiento jurídico español. Así, mientras en la norma estatal, el regadío figura en segundo lugar, sólo por detrás de los abastecimientos, en el anteproyecto de ley andaluza, y a pesar de que el complejo agroalimentario es el primer sector económico de esta Comunidad, los usos agrarios, industriales, turísticos y otros no urbanos están en el mismo nivel, reservándose la administración la capacidad de decidir sobre su prioridad en cada caso, otro aspecto que introduce arbitrariedad y amplía el margen de discrecionalidad de la administración.

Finalmente, y en relación con el régimen económico-financiero, Feragua percibe un gran afán recaudatorio por parte de la administración, especialmente patente en el nuevo canon de servicios generales, el cual serviría para cubrir, según se explica en el anteproyecto, unos gastos generales de “buen uso y conservación” que no se saben muy bien qué son exactamente, y que, una vez más, amplían la discrecionalidad de la administración, esta vez en materia impositiva y recaudatoria. El regadío se opone a la introducción de este canon, en sustitución de los hasta ahora existentes, en los cuales sí quedaba preservado el principio del beneficiado, o dicho de otra forma, la garantía del usuario de pagar sólo por aquello de lo que se beneficiaba. Asimismo, Feragua ve con preocupación que el anteproyecto contemple el principio de recuperación de costes incluido en la Directiva Marco de Agua, pero se “olvide” de las excepciones que la propia Directiva reconoce en razón de consideraciones sociales, económicas y geográficas.

Feragua espera que el Consejo Consultivo de Andalucía tenga en cuenta todas estas observaciones, muchas de ellas refrendadas en el documento de síntesis que le ha hecho llegar con las valoraciones y análisis de algunos de los mayores expertos de derecho administrativo de toda España. Asimismo, Feragua espera que el Gobierno andaluz haga caso al Consejo Económico y Social, que recomendaba en su Dictamen negociar con los agentes socio-económicos el Anteproyecto de Ley hasta su misma entrada en el Parlamento Andaluz, algo que hasta ahora no han cumplido los responsables de la Consejería de Medio Ambiente, demostrando escasa capacidad de diálogo y de consenso.

Las ponencias íntegras de los expertos y catedráticos consultados pueden descargarse de la página web de Feragua en formato PDF (www.feragua.com).

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