Un dictamen jurídico advierte de problemas de inconstitucionalidad y arbitrariedad de la Ley de Aguas de Andalucía

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El Anteproyecto de la Ley de Aguas de Andalucía no responde al Acuerdo Andaluz por el Agua, que debía de ser el que inspirara la ley. El texto es de dudosa constitucionalidad, tiene un claro afán confiscatorio, olvida las políticas de fomento y no habla para nada de la agricultura, una actividad prioritaria para rentabilizar este recurso y crear riqueza y empleo.

Estas son los principales conclusiones del análisis del Anteproyecto de la Ley de Aguas de Andalucía realizado por ASAJA-Sevilla, que han presentado hoy en rueda de prensa el presidente de la Asociación, Ricardo Serra, el secretario general, Miguel Afán de Ribera, y el asesor jurídico Emilio Vieira y que se resumen a continuación:

CONCLUSIONES DE ASAJA-SEVILLA TRAS EL ANÁLISIS DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE AGUAS DE ANDALUCÍA

1. Dudosa constitucionalidad

Se trata de una Ley dudosamente constitucional en algunos artículos y claramente en otros. El Anteproyecto vulnera la legislación nacional en materia de concesiones administrativas. En su afán por ejercer las nuevas competencias en materia de aguas, se sale de la legislación nacional y pretende ir más allá de lo que han ido en sus textos autonómicos Cataluña, el País Vasco, Galicia, Canarias y Aragón, contraviniendo el marco nacional de regulación sobre el agua (texto refundido de la Ley de Aguas).

2. Afán recaudatorio y confiscatorio

La Ley tiene un carácter claramente confiscatorio, con tarifas injustificadas y penalizaciones que cercenan la actividad económica.

El texto tiene un claro afán recaudatorio, e incluso en el caso de aguas subterráneas, especialmente las privadas, es confiscatorio. Pareciera que los impulsores de este texto pretenden acabar con los pozos de aguas privadas y con los derechos de sus titulares. La nueva ley crea dos nuevos cánones, uno urbano, que no afecta a los agricultores, y otro, el canon de servicios generales, que ya pagan los regantes y que ahora quieren aplicar también a todas las aguas subterráneas, incluidas las privadas y los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos.

Este canon no tiene ninguna justificación, y su imposición puede chocar con la legislación existente, puesto que las aguas privadas tienen congelado su régimen legal desde 1985 y no se les puede cambiar el mismo para exigirles nuevos deberes cuando no se les otorga ningún derecho; y en el caso de los pozos de menos 7.000 metros cúbicos, se trata de riegos de subsistencia.

3. Crea una megaestructura burocrática innecesaria y despilfarradora

Tras la asunción de competencias sobre la gestión de las aguas del Guadalquivir, la Junta de Andalucía proyecta la creación de una megaestructura burocrática, que está en el trasfondo de gran parte de los problemas. En tiempos de crisis en los que se predica la austeridad, la apertura de nuevas oficinas, con un delegado por provincia, y la multiplicación del número de funcionarios, además de fragmentar la gestión del agua y entorpecer la necesaria agilidad en la administración de este recurso supone un despilfarro difícil de justificar cuyo sobrecoste el anteproyecto de la nueva Ley plantea que recaiga fundamentalmente sobre los regantes.

4. Ley intervencionista rayando en la planificación estalinista

El anteproyecto otorga derechos abusivos a la Administración a la hora de modificar usos y jugar con el agua ahorrada por los agricultores. El texto da una vuelta de tuerca más de lo que lo hace la Ley Estatal y explica que, tal como está formulado, se podría dar el caso de que la Administración decidiera, por ejemplo, quitar agua a los arroceros de Sevilla para dársela al olivar de Jaén que se puede regar por goteo y necesita menos, con la excusa de que genera más empleo. La justificación legal para este atropello se encuentra en el propio anteproyecto en el que la administración se otorga la capacidad de poder revisar las concesiones a quienes no apliquen técnicas de riego ahorradoras y además se arroga el poder de cambiar la concesión para destinarla a otros usos de mayor utilidad pública.

5. Frena la modernización de los regadíos

Pretende acabar con el déficit hídrico andaluz no fomentando las nuevas técnicas de riego o ampliando las infraestructuras, sino exterminando los regadíos. La Ley es claramente desincentivadora, y no contempla la modernización ni estimula la mejora del riego, el ahorro de agua, ni la construcción de infraestructuras que permitan incrementar el agua almacenada.

6. No fija un periodo para la normalización de las concesiones en trámite

No contempla un periodo de transición previa a la tramitación de la Ley para regular la caótica herencia de la CHG respecto a los pozos de menos de 7.000 metros cúbicos, sobre las concesiones en trámite y sobre los pozos sobre los que aún no hay resolución.

7. Incentiva el paro y frena el desarrollo económico y social.

En definitiva, se trata de una Ley que va contra el regadío y contra los regantes, por lo que contribuye directamente a incrementar el paro y a frenar el desarrollo económico, puesto que es el regadío el verdadero motor de la agricultura (una hectárea de regadío aporta seis veces más valor añadido bruto que una de secano y genera el triple de empleo).

Se adjuntan los puntos de desacuerdo de ASAJA-Sevilla respecto al Anteproyecto

DICTAMEN DE JAVIER PÉREZ ROYO

En la rueda de prensa se ha dado a conocer, además, el dictamen del catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo sobre el Anteproyecto de la Ley de Aguas, que corrobora la opinión de ASAJA-Sevilla.

BORRADOR DE LA LEY DE AGUA DE ANDALUCÍA

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