Las organizaciones sociales más relevantes del mundo del agua en España presentaban el pasado jueves, en el marco de la Conferencia Internacional sobre Escasez de Agua y Sequía, el siguiente decálogo para abordar y prevenir estos fenómenos:
I. Hay que diferenciar entre escasez de agua y sequía. La escasez de agua es generada por el hombre y resulta de una demanda excesiva de agua que supera los recursos disponibles. La sequia es un fenómeno natural recurrente producido por una disminución temporal de precipitaciones suficientemente larga e intensa como para generar impactos socioeconómicos adversos.
II. La DMA ofrece un marco adecuado para la gestión eficaz de los fenómenos de sequía. La reducción de la vulnerabilidad ecológica y social frente a las sequías está directamente relacionada con la recuperación y conservación del buen estado de los ríos, lagos, humedales, aguas subterráneas y costeras.
III. La planificación hidrológica deberá servir para establecer un enfoque estratégico frente a las sequías, garantizando el mantenimiento de reservas de agua circulante por los ríos y almacenada en acuíferos que nos permitan hacer frente al riesgo de sequía, agravado por la incertidumbre sobre la futura disponibilidad de recursos por efecto del cambio climático. Los planes de sequía actualmente vigentes, que carecen de esta visión estratégica, deberán revisarse para adecuarlos a la nueva planificación realizada conforme a la DMA.
IV. Hay que implantar regímenes de caudales ecológicos elaborados con criterios científicos rigurosos que contribuyan al logro del buen estado de las aguas y permitan que los ríos lleguen al mar. En época de sequía, dichos caudales ecológicos podrán temporalmente reducirse, pero en ningún caso el caudal de sequía puede dar lugar a un deterioro irreversible del ecosistema.
V. Es necesario revisar los derechos concedidos de uso de agua para adecuarlos a los recursos disponibles una vez asegurado el buen estado de los ecosistemas acuáticos, y reducir así el riesgo ante situaciones periódicas de sequía. Es también necesario mejorar el control de los volúmenes de agua realmente utilizados y erradicar los usos no legales de agua.
VI. El agua ahorrada por la aplicación de tecnologías más eficientes debe revertir a los ecosistemas para aumentar las reservas estratégicas. Se han de conocer los volúmenes de agua realmente ahorrados como resultado de la aplicación de tecnologías más eficientes (por ejemplo, los programas de modernización de regadíos), y asignarlos a asegurar los regímenes de caudales ecológicos y las reservas de los acuíferos, en lugar de incrementar los consumos.
VII. La gestión de la demanda de agua debe primar sobre incrementos de la oferta. Antes de aplicar soluciones de oferta se han de agotar todas las oportunidades de gestión y reducción de la demanda. En caso de tener que aplicarse medidas de incremento de la oferta de agua, estas deben ser compatibles con los objetivos de la DMA, respetar el principio de unidad de cuenca, dimensionarse adecuadamente y primar las soluciones locales, más baratas, eficientes y flexibles. Los trasvases no son una medida adecuada para gestionar la escasez o las sequías, y aumentan la vulnerabilidad en las cuencas afectadas.
VIII. Se necesitan tarifas que recuperen los costes reales del uso del agua y una mayor transparencia respecto a quién paga los servicios del agua. Es necesario clarificar el grado de recuperación de costes de los servicios del agua, y que cada sector (urbano, agrícola, industrial o eléctrico) haga frente a los costes que les corresponden. Es necesario que las tarifas que los usuarios pagan recuperen los costes de los servicios del agua, incluyendo los costes ambientales.
IX. Las políticas sectoriales (agrícola, energética, ordenación del territorio, industrial) han de tener en cuenta los límites de disponibilidad de agua y contribuir al logro del objetivo de buen estado de todas las aguas.
X. Es necesaria la progresiva reconversión del regadío (que consume el 70% del agua en España) y poner en marcha estrategias alternativas de desarrollo rural para reducir la presión sobre las aguas y asegurar la calidad de vida de la población rural. Es necesario decretar una moratoria para todos los proyectos planteados de consolidación y ampliación de regadíos, en tanto no estén aprobados los nuevos planes hidrológicos de cuenca, elaborados de acuerdo a lo establecido por la DMA.
