Ayer asistí a la presentación del XV Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento en España 2018, un documento elaborado por la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) y la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA).
Este informe, que se publica cada dos años, hace una precisa radiografía sobre el estado del sector del agua urbana. Si bien es cierto que varios indicadores han mejorado y se han incluido nuevos datos (la contribución del agua urbana a la economía circular, el uso de redes sociales en la comunicación con los usuarios, etc.), en rasgos generales podría decirse que “seguimos igual”: las demandas del sector, centradas en el déficit de inversión, la armonización regulatoria y la cobertura de costes continúan en la agenda de tareas pendientes, como en 2016. Las principales conclusiones del estudio pueden consultarse aquí.
En España, nos jactamos de contar con unos servicios de agua urbana excelentes, además de baratos
Uno de los temas recurrentes en cada uno de los eventos relacionados con el ciclo urbano del agua es el tarifario. En la presentación, parte de la charla posterior a la exposición de datos se centró precisamente en esta cuestión, tan fácil de teorizar y tan complicada de practicar.
En España, nos jactamos de contar con unos servicios de agua urbana excelentes, además de baratos. No en vano, nuestro país tiene uno de los precios del agua (de media) más bajos de Europa, que además supone tan solo un 0,89% del presupuesto doméstico. En una de las gráficas comparativas que se vieron en la presentación, se mostró como cada español (de media) gasta más en tabaco que en agua al año: 104 euros al año por el recurso frente a 137 por el vicio.
Pero he aquí el problema: llevar agua a cada hogar, debidamente tratada, y depurarla después, amén de todos los controles y consumos energéticos que ello conlleva, no es barato. En realidad, tampoco sabemos si es caro (ni en relación a qué, habría que decir), porque cada municipio tiene la capacidad de “fabricarse” una tarifa a medida, lo que se traduce en una completa opacidad en la misma.
En la mayoría de casos, las tarifas son tan bajas porque no incluyen todos los costes que repercuten en la gestión del ciclo urbano. O puede que sí, pero lo ignoramos. En el primer caso, el sistema sería insostenible, pero sabemos que no lo es. ¿De dónde viene el dinero entonces? Probablemente, de subvenciones e impuestos, y en última instancia, de los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, que un madrileño y un sevillano pagan su factura del agua y sus impuestos, pero quizá parte de los impuestos de uno de ellos vaya a parar a cubrir las inversiones necesarias para, por ejemplo, depurar las aguas que vierte el otro. Y esto es injusto.
El país nórdico no tiene problemas con el recurso, y sin embargo el agua urbana se paga a 8 euros por metro cúbico a los 2 euros por metro cúbico (aproximadamente) en España
En la presentación, el presidente de AEAS Fernando Morcillo ponía el ejemplo de Palencia, una de las ciudades con la tarifa más baja de España. Los palentinos no pagan por la renovación de infraestructuras, la depuración, etc., o al menos no al completo. Pero la ciudad castellanoleonesa no se va a quedar nunca sin agua si, por ejemplo, se rompe una tubería o surgen o problemas con la depuración, porque ni el Gobierno español ni Europa en última instancia permitirían que eso ocurriera. Pero sigue sin ser justo para los municipios que sí incluyen estos elementos en sus tarifas del servicio.
En Dinamarca, ese país que gusta tanto a algunos políticos, aplican una cosa que sonará a chino a muchos: la transparencia. El país nórdico no tiene problemas con el recurso, y sin embargo el agua urbana se paga a 8 euros por metro cúbico frente a los 2 euros por metro cúbico (aproximadamente) en España. Esto ocurre porque los ciudadanos son conocedores de todos los gastos en los que incurre la gestión del agua que consumen, y están de acuerdo con ello. El presidente de AEAS contaba que en una visita a Copenhague, sus homólogos daneses les explicaron cómo mediante una consulta vinculante, los habitantes decidieron incrementar en un euro la tarifa del agua. El planteamiento era el siguiente: para lograr la gestión del ciclo urbano fuera neutra en emisiones de gases de efecto invernadero en 2025 (mediante la recuperación de biogás, etc.), amén de otras mejoras relativas al saneamiento del puerto de la ciudad, esa era la cantidad adicional que cada ciudadano tendría que pagar. Y votaron que sí, con toda la información en la mano.
La demanda en nuestro país, al fin y al cabo, es hacer llegar al consumidor los conceptos por los que paga, además de homogeneizar las estructura de la tarifa para que todos los municipios y prestadores de servicio, independientemente del tipo de gestión, tengan las herramientas para ofrecer la transparencia mencionada. Un buen símil fue el empleado por Fernando Morcillo: en una economía familiar, se trata de equilibrar ingresos y gastos, y cada familia sabe lo que entra y a qué lo tiene que destinar (alimentación, ocio, facturas…) según sus necesidades.
Y eso, al sector del agua urbana en España le falta.
