El agua es un elemento imprescindible para la subsistencia humana y la de los ecosistemas. Su carácter esencial, insustituible, limitado y frágil le lleva a ser considerado un bien público universal o bien común, patrimonio de todas las personas, y que debe protegerse local y globalmente para asegurar su disponibilidad actual y futura y una distribución equitativa bajo un control democrático.
Ante esto surge una pregunta: ¿es lo mismo una prestación pública de los servicios de agua y saneamiento que una privada para proteger los derechos humanos?. La respuesta despierta numerosos recelos, y no debe ser abordada desde sesgos ideológicos sino directamente desde el marco de los derechos humanos.
En esta cuestión ha profundizado Léo Heller, que acaba de concluir su mandato como Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, en su último informe presentado ante la Asamblea General de NN.UU., en el que ha expuesto los riesgos específicos y contrastados históricamente asociados a la privatización de estos servicios a la hora de garantizar los derechos humanos.
Este informe se ha basado en investigaciones y consultas públicas presenciales y online a profesionales del agua del ámbito jurídico, normativo, técnico y de gestión en todo el mundo, reuniendo evidencias de casos de vulneración de estos derechos humanos vinculados a la titularidad privada del servicio, procedentes de empresas multinacionales y nacionales y de empresas públicas con una proporción importante de acciones en propiedad de inversores privados.
El informe analiza los riesgos de los servicios gestionados por entidades privadas en relación a aspectos clave de los derechos humanos al agua y al saneamiento tales como la asequibilidad y la sostenibilidad del servicio, la obligación de los Estados de usar el máximo de los recursos disponibles para garantizar el derecho, la rendición de cuentas y la participación, bajo el principio de no dejar a nadie atrás.
Y los riesgos proceden de tres factores principales.
En primer lugar, la maximización del beneficio que busca, de forma legítima, el sector privado, hace difícil la incorporación de elementos no monetizables en la valoración del recurso, quedando las cuestiones ambientales y sociales (acceso universal, equitativo, sin discriminación, asequible para todos, etc.) en un nivel inferior frente al lucro privado, pues suponen una merma de beneficios económicos, lo que limita la reinversión de dichos beneficios en la universalización y mejora del servicio.
Esta maximización supone en muchas ocasiones un impacto negativo en las inversiones en mantenimiento (especialmente cuando se acerca la finalización de los contratos de concesión) y en la extensión de los servicios, sobre todo para las poblaciones desatendidas de bajos recursos. Además, a menudo los ingresos excedentarios de la prestación de servicios no se reinvierten en el sector, sino que se distribuyen casi en su totalidad entre los propietarios o accionistas de las empresas privadas en forma de beneficios o dividendos, oponiéndose a la obligación establecida por el marco de los derechos humanos de utilizar el máximo de los recursos disponibles para garantizar el disfrute del derecho humano al agua.
En segundo lugar, el carácter de monopolio natural de la gestión del agua y el saneamiento supone riesgos, ya que la falta de competencia facilita la captura del servicio por parte de un proveedor y dificulta la protección de los derechos de los usuarios por parte de las administraciones públicas. No olvidemos que la libre competencia únicamente puede darse en la fase de concurso público de la concesión o contratación del servicio, pero esta es muy limitada ya que las barreras de entrada son muy fuertes y la capacidad de ofertar y los costes de inversión iniciales no están al alcance de muchas empresas.
Por último, el desequilibrio de poder tensiona la relación entre los intereses privados y la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Por ejemplo, en muchos contextos es habitual que las capacidades de las administraciones públicas locales, responsables de la elaboración de los contratos de concesión y de la regulación del servicio, sean débiles y, por tanto, la negociación con proveedores privados queda condicionada por profundas asimetrías de poder. Las empresas transnacionales cuentan además con una capacidad para influir sobre los foros nacionales y globales de discusión mucho mayor que las administraciones y las comunidades locales.
Por tanto, el Informe rebate en la práctica la teórica neutralidad sobre el tipo de gestión – pública o privada – respecto a la realización de los derechos humanos al agua y al saneamiento. De esta manera, los riesgos asociados a la gestión privada de los servicios obligan a Estados y Organismos Internacionales a tenerlos en cuenta en sus decisiones, y establece una completa serie de recomendaciones para hacerlo eficazmente.
Esto supone un punto de inflexión en el debate sobre la gestión de los servicios de agua y saneamiento de enormes repercusiones políticas. En las últimas tres décadas los procesos de privatización se han enmarcado en un contexto global dominado por paradigmas económicos y políticos que priorizaban el papel del mercado frente al de los Estados, pero el informe del Relator apuntala un cambio de tendencia que se ha producido gradualmente en los más de 300 casos de “desprivatizaciones” que se han dado en todo el mundo desde el año 2.000.
Desde ONGAWA hemos apoyado activamente la realización de la consulta pública internacional organizada por el Relator Especial para documentar y contextualizar este tema difundiendo su contenido y promoviendo la participación en todo el mundo. Además, organizamos con el propio Relator Especial una mesa de especialistas en Madrid en diciembre de 2019, con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del MAEC. Como resultado, fueron muchos los actores españoles que se implicaron activamente en dicha consulta, suponiendo más del 70% de las aportaciones recibidas por el Relator. Todas las aportaciones son públicas en la web oficial de la Relatoría.
Las reacciones a la presentación del Informe a la Asamblea General de Naciones Unidas confirman la relevancia de este tema. Aquafed, la federación internacional de operadores privados de agua, ha cuestionado el enfoque del informe, enviando cartas a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rebatiendo tanto la validez del Informe como la propia legitimidad del trabajo del Relator.
Por otro lado, más de 100 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo apoyaron en una carta el trabajo y el informe del Relator, y seis expertos independientes de la ONU, actuales y ex Relatores Especiales de Derechos Humanos, firmaron una declaración conjunta contra la mercantilización de los servicios públicos.
Ahora es momento de vigilar que esos riesgos para los derechos al agua y al saneamiento no se materializan y colaborar con las administraciones y la ciudadanía para minimizarlos, especialmente en los momentos más críticos, como los contratos y sus renovaciones o en el establecimiento de regulaciones que respeten estos DD.HH.
Este debate no concluye aquí, sino que continuará en el mandato del nuevo Relator Especial, Pedro Arrojo, que también tiene entre sus prioridades “prevenir, desde la participación ciudadana y la transparencia, los riesgos para estos derechos humanos derivados de hacer del agua un negocio”. Desde ONGAWA seguiremos aportando y apoyando el mandato del nuevo Relator Especial, por lo que podemos afirmar que:
CONTINUARÁ… (¿qué tal si empezamos a debatir sobre el tema?)
