Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el período 2009-2019 ha sido una década perdida en lo que se refiere a la resolución de los grandes retos pendientes de la gestión del agua en las ciudades españolas. Comenzando por el mastodóntico Plan Nacional de Calidad de las Aguas 2007-2015, de cuyos 15.000 millones previstos de inversión poco se sabe, pasando por la falta de concreción de las herramientas legislativas y de regulación que reclaman desde hace años los principales actores del sector, y finalizando con la práctica inexistencia de iniciativas que permitan atraer capacidad financiera (pública o privada) para el desarrollo de los proyectos pendientes.
Afortunadamente, los gestores de los servicios urbanos han sido capaces hasta el momento de mantener los niveles de calidad alcanzados antes de la crisis económica de 2008. Unos servicios que atendieron a 45 millones de habitantes y más de 80 millones de turistas en 2018. Todo ello, no lo olvidemos, en una de las zonas más áridas del planeta. Pero las amenazas se hacen cada día más evidentes: infraestructuras envejecidas cuya eficiencia va en declive, multas millonarias por el incumplimiento de directivas europeas con más de 20 años de antigüedad y, por encima de todo, la amenaza de un cambio climático cuyos efectos son cada vez más evidentes.
Ante este panorama, y con un maratón electoral en ciernes, ¿qué nos proponen los partidos políticos? Pues entre poco y nada. En los últimos años nos hemos visto envueltos en una serie de debates sobre el modelo de gestión que se han revelado como completamente estériles para los intereses de los ciudadanos. Como ponen de manifiesto los expertos participantes en este número de iAgua Magazine, la colaboración público-privada es un estándar de facto en la prestación de los servicios del agua en España y en todo el mundo. Empeñarse en ponerla en entredicho equivale a cuestionar los pilares del progreso de nuestra sociedad. Otro tanto sucede con la discusión sobre las tarifas y la recuperación de los costes de los servicios. ¿De qué sirve prometer “agua gratis”? ¿Alguien duda de que los ciudadanos acabaremos, de una u otra forma, pagando esa factura? Cuánto más tarden en tomar decisiones nuestros gobernantes, más intereses se devengarán y más difícil será revertir los daños causados al medio ambiente y a nuestra calidad de vida.
Desde iAgua, el medio líder para los profesionales del sector del agua, lo tenemos claro: es hora de dejar a un lado las cortinas de humo y situar a la seguridad hídrica como la auténtica prioridad de las políticas de agua. Pocos explican esta urgencia con tanta nitidez como Gonzalo Delacámara, el protagonista de nuestra portada. La lucidez de su discurso es una esperanza para que el eje del debate gire de lo accesorio a lo esencial. De lo contrario, seguiremos poniendo parches cada vez más caros a un sistema que se resiente por la inacción y las infinitas excusas.
