Las claves de la confluencia Podemos-IU en materia de agua

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    Infografía de Pablo González-Cebrián

Sobre el blog

Alejandro Maceira
Fundador y Director de iAgua, la plataforma de comunicación de referencia para los profesionales del sector del agua en España y Latinoamérica.

Podemos e Izquierda Unida anunciaban ayer un preacuerdo para concurrir juntos a las elecciones generales que tendrán lugar en España el próximo 26 de junio. Pablo Iglesias y Alberto Garzón celebraban la confluencia en la Puerta del Sol de Madrid con un video emitido en directo en las redes sociales

 

En los próximos días, las bases de las dos formaciones deben refrendar el pacto en sendos procesos internos. Además del orden de las listas, en el que destaca el quinto puesto de Alberto Garzón en Madrid, uno de los problemas fundamentales a resolver es el de los programas electorales. En las pasadas elecciones del 20D, Podemos e IU presentaron propuestas en general similares en los ámbitos social y económico, pero sus programas políticos son diferentes y esta disparidad se pone de manifiesto en cuestiones como la forma de Estado, los conciertos en educación o la relación con la OTAN.

En lo que atañe al sector del agua, los puntos de encuentro parecen mucho mayores que las posibles discrepancias. El punto de partida del análisis nos lleva a los análisis que dos destacados blogueros de nuestra comunidad realizaron el pasado mes de diciembre. Luis Martín Martínez y Eduardo Perero analizaron a fondo los programas electorales de los principales partidos y nos dejaron dos posts y dos imágenes que sintetizan perfectamente las propuestas que debíamos analizar los españoles interesados por la gestión del agua:

Eduardo Perero: El agua en las elecciones generales

Luis Martín Martínez: El agua en los programas electorales de las elecciones generales de 2015

Pero, ¿qué nos deparará la confluencia Podemos-IU en materia de agua?. A continuación, podéis ver más al detalle las propuestas de cada uno de estos partidos en sus programas del 20D. 

Las propuestas de Podemos en el 20D

    Acceso garantizado a los suministros básicos

    • El derecho al contrato de suministro solo requerirá el empadronamiento.
    • Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad.
    • El pago de los suministros básicos para las familias en dicha situación se hará de acuerdo con la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, respetando siempre los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 
    • Los costes asociados a garantizar este derecho y la deuda acumulada que no puedan ser cubiertos por las personas vulnerables serán asumidos por las empresas suministradoras, que deberán cumplir con los estándares de responsabilidad social corporativa impuestos por la ley.
    • Además, estudiaremos la posibilidad de crear una empresa suministradora pública.

    El agua: un derecho humano

    • Aplicaremos distintas medidas para la detección y erradicación de la pobreza hídrica y reconoceremos el agua como un derecho humano. Al ser el agua un derecho, garantizaremos una dotación mínima para cada ciudadana y ciudadano, de modo que se cubran sus necesidades básicas. 
    • Revisaremos los proyectos de construcción de las grandes infraestructuras hidráulicas (presas y trasvases) y desarrollaremos unos sistemas alternativos de abastecimiento para los momentos de escasez. En las cuencas beneficiarias de esos trasvases, la gestión de la demanda agraria, urbana e industrial, y la optimización de los recursos no convencionales (reutilización de aguas residuales y desalación marina) constituyen piezas clave en esa transición hacia horizontes más sostenibles. 
    • Pondremos en marcha un ambicioso programa de inversiones públicas con el fin de dotar a todas las poblaciones de sistemas de tratamiento de aguas residuales, y de este modo cumpliremos las obligaciones de la Directiva 91 / 271 de Aguas Residuales y evitaremos las sanciones de la Unión Europea derivadas de la dejación de funciones de los gobiernos anteriores.

    Un medio ambiente seguro como derecho fundamental 

    • Contemplaremos el derecho a un medio ambiente adecuado (actualmente incluido entre los principios de la política socioeconómica de la Constitución española, concretamente en su artículo 45) como uno los derechos fundamentales de los españoles y españolas (actual capítulo segundo del título primero). Asimismo, proponemos incorporar el derecho humano al agua como un derecho subjetivo y el derecho de acceso a los recursos energéticos como parte de los derechos habitacionales básicos.

    Nueva Ley de Aguas

    • Consideramos el agua como un bien común, por lo que es necesario que la toma de decisiones sobre su gestión y distribución sea participativa. 
    • Elaboraremos una nueva Ley de Aguas, en sintonía con la Directiva Marco del Agua, que garantice como un derecho el acceso al agua de calidad y, asimismo, conserve los caudales ecológicos y el buen estado de los ríos, acuíferos y otras masas de agua. 
    • Democratizaremos los organismos de cuenca al incorporar a los sectores hasta ahora excluidos de los órganos de gestión y decisión de dichos organismos, como son los colectivos de defensa del uso sostenible del agua y de la conservación de los ríos. 
    • Revisaremos los Planes Hidrológicos para garantizar su plena coherencia con la Directiva Marco del Agua y que resulten más eficaces a la hora de alcanzar y mantener el buen estado ecológico.
    • Fomentaremos la prevención de inundaciones y garantizaremos una correcta gestión de los territorios fluviales y sus zonas inundables, de acuerdo con la directiva europea de gestión del riesgo de inundaciones.

    «Quien contamina paga»

    • Derogaremos de forma inmediata la Ley 11 / 2014 y el Real Decreto 183 / 2015 que modifica la Ley 26 / 2007 de Responsabilidad Medioambiental, cuyos pilares rectores son la precaución, la prevención y el principio de «quien contamina paga».
    • Simplificaremos la tramitación administrativa a través de una licencia ambiental única que englobe todos los impactos ambientales y, de este modo, facilite a los operadores la comunicación con un único ente administrativo. 
    • Llevaremos a cabo una reubicación de las estaciones de control y medición de la contaminación industrial a aquellos lugares que garanticen la mayor protección de la población, dentro de los parámetros de control obligatorios. 
    • Fomentaremos el desarrollo de la I+D+i en las tecnologías de prevención de la contaminación y para la descontaminación, en especial de los suelos, y para la recuperación ambiental en caso de desastre ecológico. Impulsaremos la adaptación a los nuevos conocimientos, especialmente aquellos que versan sobre los efectos de los contaminantes sobre la salud de las personas. 
    • Implementaremos un Plan de Formación de Técnicos en Riesgos Ambientales para dar soporte a la actividad industrial y a la Administración central como principal ente de control.
    • Priorizaremos la aplicación del principio «quien contamina paga» al promover una responsabilidad ambiental real entre los principales extractores de los recursos naturales, a través de una garantía financiera de reparación del medio natural, en función de los posibles daños ocasionados.

    Lucha contra el cambio climático

    • Potenciar las actuaciones autonómicas en materia de política forestal encaminadas a la repoblación con especies autóctonas y el desarrollo del efecto sumidero.
    • Hacer una nueva propuesta en materia de gestión de emisiones de CO2 para poner un precio fijo a la tonelada de carbono emitido, de acuerdo con las previsiones de la Unión Europea.
    • Implementar un Plan de Transición Energética, para que en 2050 el 100 % del consumo proceda de las energías renovables. 
    • Impulsar la denominada «fiscalidad verde» y penalizar la generación de desechos a lo largo de la cadena de valor. 
    • Llevar a cabo un plan de adaptación al cambio climático de ciudades, administraciones públicas y sectores estratégicos.
    • Fomentar las actuaciones para el aumento de la resiliencia de las ciudades y los ecosistemas (por ejemplo, el abastecimiento de agua para las ciudades o la gestión adecuada de residuos).

    Dotar de más agua (y de mejor calidad) al río Tajo a su paso por Aranjuez

    • La revisión del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Tajo correspondiente al proceso de planificación 2015-2021, para comprobar si se adapta a la normativa europea.
    • La coordinación con plataformas de la sociedad civil que puedan ampliar la información y las demandas (como, por ejemplo, Ecologistas en Acción, la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo y sus ríos o la Plataforma en Defensa de los ríos Tajo y Alberche). 
    • El análisis de las posibles consecuencias del rechazo a la aprobación del Plan Hidrológico.
    • El establecimiento de medidas de contención de dichas consecuencias.
    • El rechazo de la aprobación del Plan Hidrológico, prevista para diciembre de 2015, en caso de que el plan no se adapte a la normativa europea. 
    • La propuesta de elaboración de un nuevo plan que recoja un caudal mínimo ecológico de al menos 11,74 metros cúbicos por segundo y aplique la nueva política europea del agua.

    Las propuestas de Unidad Popular en el 20D

    Cambio radical del modelo productivo

    • Frente al continuado proceso de expolido de lo público, recuperación de la prosperidad y gestión de los servicios y patrimonios públicos. Se desarrollará un polo empresarial público en todos los sectores estratégicos de la economía.
    • Se asegurará el carácter público de la propiedad y gestión del agua. Dotar a estas empresas de estatutos que impongan como finalidad prioritaria el suministro y acceso universal de estos servicios por parte de la ciudadanía. El Estado debe volver a entrar en la economía, no sólo como salvavidas coyuntural, sino para quedarse. El Estado y otras formas de propiedad social, pública y democrática.

    Gestión sostenible de los recursos naturales

    • Plan Hidrológico. El agua es un recurso natural y un bien universal. Los ríos, acuíferos y umedales son un bien común inalienable, igual que es un derecho humano el abastecimiento y posterior saneamiento del agua. Defendemos y proponemos una política de uso social, racional y sostenible del agua, primando la eficiencia, el ahorro, la reutilización y la depuración integral. Apostamos por una desprivatización y gestión pública del agua, con participación de la ciudadanía y de los ayuntamientos. Apoyamos el Pacto Social por el Agua, firmado por cerca de 400 organizaciones sociales y políticas del Estado español. 
    • Proponemos el mantenimiento de las capacidades de renovación de los ecosistemas fluviales, humedales, y acuíferos, con aseguramiento de los caudales ecológicos y la aplicación de los planes de cuenca, luchando por el estricto cumplimiento de la Directiva Marco del Agua en la planificación hidrológica, en los foros que sea necesario. 
    • Proponemos ir, progresivamente, acabando con los trasvase de agua entre diferentes cuencas
    • Tratamiento de las aguas residuales, en la medida de los posible mediante tratamientos de bajo coste y filtros verdes porque la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas sigue siendo una asignatura pendiente que amenaza las reservas de agua dulce.
    • Sistemas de recogida de aguas separativas en edificios y desarrollos urbanísticos nuevos y rehabilitados, para recoger el agua de lluvia y reutilizarla en el riego público.

    Renta Básica Garantizada

    • El derecho a contar con los ingresos y recursos indispensables es un derecho universal, que se sustenta en la garantía de una vida digna. Pero entendemos que ese derecho no puede ser reclamado al poder público por quién ya disfruta de ella. 
    • Por otra parte, ese derecho puede materializarse bajo forma de renta, y también bajo la forma de recursos sociales (vivienda, becas, por ejemplo). En consecuencia, puede tener los siguientes componentes:
    • Recursos universales y no condicionados: Educación obligatotia gratuita y salud universal, etc...
    • Recursos condicionados al nivel de ingresos: Eduación no obligatoria, dependencia, transporte público, vivienda, agua, gas y electricidad, etc.

    Lucha contra el cambio climático

    • Reducción de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera
    • Cumplimiento de los protocolos internacionales en la lucha contra la contaminación
    • Ley para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducción del 20% de las emisiones en 2020.
    • Plan Nacional de mejora de la calidad del aire, en colaboración con los grandes núcleos urbanos e industriales, tratando la contaminación como un problema de salud pública.
    • Mejorar los sistemas de predicción, así como, de alertas y comunicación a la población cuándo se superan los nivels permitidos de calidad del aire, así como sus efectos sobre la salud y las actuaciones para protegerse.
    • Evaluación económica detallada de los efectos de la contaminación atmosférica
    • Disminución de las emisiones de gases procedentes del transporte 
    • Marco regulatorio que refuerce la integración de las consideraciones ambientales en la gestión empresarial.
    • Impuestos ambientales a la industria, en función de la cantidad y de la clase de partículas contaminantes emitidas a la atmósfera o al agua. En cualquier caso, inspecciones ambientales que obliguen al cumplimiento de la normativa de filtros para las emisiones, con multas que disuadan del pago de impuestos por ahorro de medios de prevención de la contaminación. Consideramos que deben reforzarse, a través de la Agencia de Inspección Ambiental y la coordinación con otros, los servicios de inspección ambiental dentro de las propias administraciones públicas para evitar, (que se generalice) la externalización de estas competencias a través de las entidades colaboradoras. Las empresas deben fomentar la formación de los trabajadores y trabajadoras en materia ambiental y los resultados de las inspecciones ambientales realizadas en las empresas deben ser públicos.

    Un programa de mínimos

    Si, tal y como parece, la coalición elabora un programa de mínimos que recoja las prioridades que se abordarían en una posible acción de gobierno, las áreas de entendimiento podrían ser las siguientes:

    • Derecho Humano al abastecimiento y el saneamiento.
    • Acceso garantizado a los suministros básicos.
    • Revisión de las grandes infraestructuras de abastecimiento: presas y trasvases.
    • Prioridad al cumplimiento de la Directiva 91/271 apostando por tecnologías de bajo coste.
    • Impulso de la fiscalidad verde.

    No tardaremos mucho en comprobar si "Unidos Si Se Puede" (o el nombre que finalmente adopte la coalición) se ciñe a estas materias o nos dan alguna sorpresa adicional. Entonces será el momento de comprobar como pueden casar sus propuestas con las del partido al que pretender dar el 'sorpasso', el PSOE de Pedro Sánchez.

    Actualización

    Unas horas después de la publicación de este artículo, se ha publicado el documento  "Cambiar España. 50 pasos para gobernar juntos", un acuerdo de mínimos de 18 páginas en que las formaciones de Pablo Iglesias y Alberto Garzón exponen su plan común para intentar ganar las elecciones generales del próximo 26 de junio. A continuación, extraigo las principales referencias a la política de gestión del agua;

    Suministros básicos

    • Establecimiento de una tarifa por tramos sociales para combatir los cortes de agua y la pobreza energética que afecta a 1,4 millones de hogares.
    • Un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado cuya tarifa se fijará en función de la renta. El mínimo vital de suministro de agua es 60 litros al día según la Organización Mundial de la Salud.
    • Creación de un bono con una tarifa gratuita para todas aquellas personas que no tengan ingresos y otra súper reducida para las que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión social.

    Lucha contra el cambio climático

    • Aprobación de una Ley de Cambio Climático orientada a la consecución de los objetivos del Acuerdo de Paris del Clima que transversalmente regule de forma previsible, coherente y estable todas las políticas involucradas.
    • Esta ley incorporará objetivos ambiciosos para 2030 con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% y del 40% de reducción en el consumo de energía respecto a 1990. El Plan de Transición Energética contemplado en el apartado de “democracia económica” debería garantizar que en 2050 el 100% del consumo energético proceda de fuentes renovables.
    • Impulsar una fiscalidad verde que desincentive los consumos más contaminantes. Se introducirán igualmente los criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en todas las políticas de forma transversal, con acciones para aumentar la resiliencia de las ciudades y los ecosistemas. Potenciar una política forestal de repoblación con especies autóctonas y el desarrollo del efecto sumidero. Se derogará con carácter inmediato la Ley 11/2014 y el RD 183/2015 que modifican la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, de forma que se restituyan los pilares rectores de precaución y prevención, y el principio de que “quien contamina paga” y que “contaminar no sea rentable”.

    Ley de Aguas

    • Nueva Ley de Aguas que garantice como un derecho fundamental el acceso al agua de calidad, así como la conservación de caudales ecológicos y acuíferos. Dicha ley debe defender que el agua permanezca en manos públicas, y garantizar una toma de decisiones participativa sobre la gestión y distribución del agua, puesto que hablamos de un bien común.
    • Se impulsarán medidas para la erradicación de la pobreza hídrica y se reconocerá el agua como un derecho humano, de forma que se garantice con ello una dotación mínima para toda la ciudadanía. Revisión de la construcción de grandes infraestructuras hidráulicas.

    Plan de Rescate Ecológico

    • Impulsaremos un Plan de Rescate Ecológico con el objetivo de recuperar el conjunto de zonas degradadas y conseguir la restauración ambiental, lo que conllevará la creación de empleo sostenible. Este rescate incluirá un Plan de Conservación de la Biodiversidad en nuestro país que inventaríe los sistemas naturales, cree corredores ecológicos e incorpore los ecosistemas no representados en la Red de Parques Nacionales pero que también necesitan protección.
    • Creación de la Agencia del Patrimonio Natural y la Biodiversidad e impulso de un Inventario Nacional de la Biodiversidad, así como de un Plan Nacional de Restauración Ecosistémica, y de planes sectoriales estratégicos de patrimonio natural y biodiversidad. Apostamos por la revisión de la Ley de Caza y su reglamento de desarrollo al objeto de adecuarlas a la realidad y a la conservación del ecosistema y la fauna autóctona. Impulsaremos un Plan Nacional de Restauración Ecosistémica para una adecuada gestión, protección y restauración de los hábitats naturales, incluyendo la recuperación de especies desaparecidas en los mismos.

    Derecho al medio ambiente

    • Se impulsará el derecho a un medio ambiente adecuado como uno de los derechos fundamentales de la ciudadanía de nuestro país. Se desarrollará una 15 
    • Estrategia Integral de Participación y Educación Ambiental, para hacer partícipe a la ciudadanía de los aspectos ecológicos que afectan a nuestra vida y a nuestro bienestar.

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