Más razón que un santo tuvo Gil de Biedma cuando dejó por escrito que “de todas las historias de la Historia, sin duda la más triste es la de España”. Y qué tristeza más honda y más grande provoca en un agricultor el verse señalado por, a juicio de los responsables del Ministerio de Trabajo, posibles casos de "explotación laboral" o incluso "esclavitud" hacia los trabajadores del campo.
De manera desafortunada, la señora ministra de Trabajo ha pedido a los inspectores que busquen casos en los que estas personas puedan presentar magulladuras o signos de malos tratos. Que rastreen por si pudieran estar cercadas por alambradas, por si pudiesen encontrarse amenazadas para que no abandonen sus faenas. Por si, en definitiva, se les estuviera privando de su libertad.
Sorprende por indigna esta campaña del Gobierno contra el sector agrario. Indigna ese “sectarismo, desconocimiento y mala fe”, que ya se han encargado de denunciar ciertas organizaciones, desde donde se ha llegado a pedir el cese de la ministra. Porque, en contra de lo que pudiera darse a entender desde las más altas esferas de esta España renqueante, es nuestra ocupación la “más digna para todo hombre libre”, como ya dijera Cicerón.
La agricultura y la industria agroalimentaria representa más del 15% del PIB y da empleo a más de un 4% de la población activa, sin contar los ocupados en el sector agroindustrial y de servicios agrarios. Cifras para ser tenidas en cuenta por la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España, ya en marcha.
En concreto, el regadío sirve como motor para la creación de puestos de trabajo especialmente en las zonas rurales, como demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan que trece de las quince provincias que más habitantes han perdido durante los diez últimos años son aquellas que menos superficie regada tienen.
El regadío sirve como motor para la creación de puestos de trabajo especialmente en zonas rurales, como demuestran los datos del INE
En este escenario, al margen de esas indebidas acusaciones, la prioridad de la política hidrológica debe ser sacar adelante un nuevo Plan Hidrológico Nacional y ejecutar las actuaciones ya contempladas en los diferentes planes de cuenca, donde se incluyen no solo obras de regulación sino también de modernización y medidas complementarias de gestión de la demanda.
Sea como fuere, el sector agrícola se encuentra debilitado por una injusta desproporción entre los costes que soportamos, actualizados a 2020, y los precios a los que vendemos, anclados en los años ochenta. Como para que ahora deba lidiar con estas presuntas acusaciones que manchan la imagen de una industria imprescindible para la economía española y el conjunto de los españoles.
¿Por qué en vez de desprestigiar nuestro sector no se ensalza nuestro trabajo ininterrumpido a lo largo de la pandemia? ¿Por qué no reconoce la inestimable labor que agricultores de toda condición y pelaje están haciendo a la hora de garantizar el abastecimiento en las tiendas donde realizará sus compras de alimentos? ¿Por qué no agradecen las garantías de seguridad y desinfección que, al volante de sus tractores, acometen los hombres y mujeres del campo a lo largo y ancho de España?
Pero en lugar de defender y dignificar nuestro oficio, es más fácil atacar despiadadamente a un sector estratégico para la economía de un país que se desangra. Un error de bulto, hasta el punto de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuvo que salir al quite para destacar en su perfil de Twitter, en el día de nuestro patrón San Isidro, que los “trabajadores y trabajadoras del campo son parte esencial de nuestra sociedad. En esta crisis no han cesado en su labor, realizando un gran esfuerzo para abastecernos a todos nosotros. Desde el Gobierno agradecemos su dedicación y reiteramos nuestro compromiso con el futuro del sector”.
Gracias, presidente, por reconocer nuestro intachable papel y enmendar de alguna manera las palabras de la ministra de Trabajo. Ahora bien, el daño ya está hecho. Pero de cualquier modo habría que vigilar para que desde el Gobierno no vuelvan a tirar piedras sobre su propio tejado.
