Hace unos días desayunábamos con la noticia que publicaba el diario económico Expansión sobre la intención del Gobierno de crear la mayor empresa nacional del agua; un equivalente, según la propia denominación interna del proyecto, a un Adif del agua. Al parecer, este gestor agruparía los activos de las sociedades públicas Acuamed y Acuaes, además de incorporar la Mancomunidad de Taibilla y todos los trasvases y embalses que forman parte de las nueve Confederaciones Hidrográficas.
No es ninguna sorpresa que las desaladoras no hayan cubierto las ambiciosas previsiones que se marcaron en su día
Se argumentaba que en teoría la ventaja de esta nueva sociedad es que podría aplicar economías de escala y así, fijar desde una única unidad los precios del agua. ¿No será que están buscando una manera de que entre todos los usuarios, incluidos los agricultores, cubramos el déficit de las empresas responsables del agua desalada?
No es ninguna sorpresa que las desaladoras no hayan cubierto las ambiciosas previsiones que se marcaron en su día para justificar e impedir la ejecución del Plan Hidrológico Nacional (PHN). Nosotros mismos, desde Fenacore, ya advertimos que el famoso Programa AGUA aprobado por el anterior Gobierno, que apostaba por la desalación como alternativa a los problemas de falta de abastecimiento, no era la “panacea” ni siquiera una solución para reducir los déficit cuantificados en el PHN que, recordemos, se aprobó con más del 80% de los votos del Consejo Nacional del Agua.
Es más, el regadío español no resultaría sostenible si utilizara como única fuente de recursos agua desalada, porque el elevado consumo energético que requiere el proceso de desalación –más del 60% del total- hace que su coste final resulte inviable para la agricultura, incluso antes de la desaparición de las tarifas especiales de riego en julio de 2008.
En la situación de crisis en la que nos encontramos, por la caída del precio de los productos agrarios y el incremento de los costes de producción –precisamente por unas tarifas de energía desorbitadas-no estamos en disposición de soportar más costes del agua. Porque esto es precisamente lo que supondrá para el sector la creación de este Adif: incrementar los gastos de gestión y, por tanto, aumentar los precios que soportamos a duras penas los usuarios.
Este Adif del Agua, lejos de adecuar las tarifas para conseguir una mejor amortización de las infraestructuras, conseguirá precisamente lo contrario: duplicar los costes
Y es que no deja de resultarme curioso que este gran gestor del agua pueda llegar a asumir las competencias sobre los embalses y trasvases, cuando las Confederaciones Hidrográficas son ya corporaciones competentes y perfectamente cualificadas para llevar a cabo la gestión y explotación de estas obras. No hay necesidad de duplicar competencias, creando entidades supervisoras como ésta porque, sencillamente, incrementan el gasto de forma innecesaria. ¿Qué sentido tiene crear administraciones paralelas?...
Este Adif del Agua, lejos de adecuar las tarifas para conseguir una mejor amortización de las infraestructuras, tal y como dice el proyecto, conseguirá precisamente lo contrario: duplicar los costes, afectando a la sostenibilidad económica de las obras, pues se financian a través de cánones cuyos incrementos asumimos los usuarios.
Si miramos con perspectiva histórica, la gestión del agua en España es una historia de éxitos en el contexto mundial. España es un país árido, con ríos poco caudalosos y muy irregulares y a pesar de este clima semidesértico y hostil en gran parte de nuestro país, la eficiente gestión del agua ha permitido: a) satisfacer las necesidades de abastecimiento e industriales, b) generar energía limpia y de calidad con el agua en porcentajes superiores a la de la mayoría de países de la UE y c) crear un complejo agroalimentario agricultura + ganadería + industria de alimentación competitivo y vanguardista en torno a los tres millones y medio de hectáreas de regadío.
Por otra parte, nuestro medio hídrico sigue siendo un importantísimo patrimonio ambiental como demuestra el porcentaje de masas de agua en buen estado, superior al de la media de la UE.
Redimensionar el sector público, sí. Unificar criterios y coordinar mejor las Confederaciones Hidrográficas, también, pero para optimizar gastos e inversión
En la historia de éxitos de la gestión del agua en España hay muchos actores que deberían tener nuestro reconocimiento y agradecimiento colectivo. Uno de los grandes patrimonios organizativos de la gestión del agua en España radica en esa gestión público- privada del agua en la que los usuarios junto con la Administración en el seno de las Confederaciones hacen compatible la ecuanimidad de lo público con el control y efectividad de lo privado.
Evidentemente la gestión del agua en España tiene que entrar en el terreno de la racionalidad, la eficiencia y la profesionalidad, y quitar esos brotes identitarios y pasionales que han fomentado las comunidades autónomas con egocéntricos intereses. La contaminación política del agua que denunciamos los regantes constantemente debe desaparecer, pero la alternativa no es vaciar de contenido a los más leales colaboradores de la gestión racional del agua que es ese binomio confederaciones- usuarios.
Redimensionar el sector público, sí. Unificar criterios y coordinar mejor las Confederaciones Hidrográficas, también, pero para optimizar gastos e inversión, no para que unos tengamos que pagar la gestión deficiente de otros. Esto sería un grave error.
