Aunque parece que poco a poco se van dando pasos para que todas las piezas de la planificación hidrológica encajen, lo cierto es que seguimos siendo el único país europeo que todavía no ha presentado sus planes de cuenca; incumplimiento que nos va a costar una nueva sanción de unos 80 millones de euros por parte de la Unión Europea. Utilizando la terminología matemática podemos decir que existe una correlación positiva entre el número de comunidades autónomas implicadas en una determinada cuenca intercomunitaria y la dificultad para aprobar su correspondiente plan hidrológico.
Seguimos siendo el único país europeo que todavía no ha presentado sus planes de cuenca
Estamos de acuerdo en que una vez que se conozcan las necesidades de las distintas demarcaciones hidrográficas, se debería, no sin dificultad, alcanzar un gran Pacto Nacional del Agua, antesala del ansiado Plan Hidrológico Nacional, pero lo cierto es que esta cuantificación de demandas y caudales ecológicos con intereses más que menos politizados está resultando tremendamente compleja y nos está obligando a destinar unos preciados recursos a pagar multas en medio de estrictos objetivos de cumplimiento del déficit.
La configuración de un marco regulatorio nacional que recoja la cooperación entre cuencas para que éstas gestionen el agua de manera eficiente y responsable debería ser ya una etapa superada, pero, ¿a qué responde que todavía esté pendiente?
Y es que, aunque el último Consejo Nacional del Agua (CNA) ha dado luz verde al plan hidrológico del Duero y todo parece indicar que el del Ebro –el otro “hueso duro de roer” dentro de la planificación- podría salir adelante en el CNA que, según lo previsto, podría celebrarse antes del verano, todavía queda camino por recorrer antes de abordar el Pacto.
Desde luego, la complejidad de los diferentes planes no está contribuyendo a acelerar un proceso que, sin duda, se dilata más de lo deseado. La excesiva cuantificación de caudales que los caracteriza origina una gran conflictividad entre comunidades autónomas que toman como base para el reparto de agua sus intereses particulares en lugar del interés general.
Una vez más la contaminación política del agua vuelve a causar problemas a los usuarios
Una vez más la contaminación política del agua vuelve a causar problemas a los usuarios. Qué diferente podría ser todo si el objetivo de todas las comunidades autónomas fuera simple y llanamente el bien común, tal y como se refleja en nuestra legislación hidráulica.
Política hidrológica integradora
Reflexiones aparte, no me cabe duda de que la clave es, precisamente, desarrollar una política hidrológica integradora, que no de pie a ínfulas independentistas; y, muy importante también, una política consensuada por, al menos, los partidos políticos mayoritarios para asegurar así su continuidad en el tiempo. Qué coherente y fácil nos resulta proponerlo pero, partiendo de nuestra experiencia, qué difícil resultará hacerlo realidad.
No olvidemos que los planes se proyectan en una legislatura y se ejecutan en las siguientes, por lo que la amplitud de miras es un aspecto fundamental en la planificación hidrológica de cualquier país. Se necesita voluntad y generosidad de todos los partidos políticos para tener como objetivo el interés común, no el egocéntrico de cada uno.
Llegados a este punto no es tarea fácil. España cuenta con más del doble de planes que los países de su entorno, los que, para un número muy similar de ríos principales, disponen de una política hidrológica más sencilla, consiguiendo así una mejor coordinación en la gestión del agua y una menor inversión pública en medios técnicos y humanos en esta materia.
No olvidemos que los planes se proyectan en una legislatura y se ejecutan en las siguientes
Claramente, si la Administración está dispuesta a agilizar la planificación hidrológica y a facilitar la gobernanza del agua, la solución pasa porque sean las propias Confederaciones Hidrográficas, coordinadas con usuarios y autonomías, las que cuantifiquen las demandas de agua de acuerdo criterios técnicos, y no las comunidades autónomas de acuerdo a criterios políticos y arbitrarios.
Si todos utilizásemos estos criterios, con la experiencia que ya tenemos en España y contando con los cualificados técnicos de nuestros organismos de cuenca, la revisión o la gestación de los nuevos planes hidrológicos habrían sido algo así como “coser y cantar”. No tendríamos además necesidad de sufrir estas posibles sanciones que, por cierto, podrían llegar a ser acumulativas y por cada día de retraso en la presentación del Plan a partir de una fecha futura determinada. En definitiva, un dineral.
