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Contaminación en el río Daule

Sobre el blog

Andrés Martínez-Moscoso
Doctor por la Universidad de Alicante (PhD). Coordinador del Water Law and Management Lab - Universidad de Cuenca. Tesis en Gestión del Agua y gobiernos locales del Ecuador. #WaterLaw #Watergovernance #LocalGovernment #HumanRights
  • Contaminación río Daule

Uno de los deberes primordiales del Estado según lo determina la Constitución del Ecuador, es garantizar el agua para sus habitantes, siendo el mismo catalogado como un derecho humano fundamental e irrenunciable. Razón por la cual, la falta de acceso del líquido vital en la segunda ciudad más importante del país, y que alberga el 14% de su población sin duda resulta no sólo una preocupación, sino una situación de interés nacional.

Si a éste hecho se suma que la causa del desabastecimiento del agua potable en Guayaquil, se dio debido a una contaminación ambiental de uno de sus principales fuentes hídricas (río Daule), sin duda es necesario preguntarse, ¿Qué falló en los protocolos de prevención?.

Al respecto, es necesario tener presentes algunos principios en materia de conservación ambiental, los cuales son aquellos valores que dan el soporte ético del ordenamiento jurídico. En el caso que nos compete, merece la pena referirse a dos de ellos:

a) La prevención, que se relaciona con la responsabilidad, y obliga a tomar en cuenta no sólo el perjuicio futuro, sino también el perjuicio eventual, basándose en la “certeza científica del riesgo”; y,

b) La precaución, la cual se basa en la inversión de la carga de la prueba.

Mientras que a nivel normativo, la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental (2004), se enfoca en la contaminación de: a) aire; b) agua; y, c) suelo. Y en el caso específico de los recursos hídricos, la Secretaría Nacional del Agua, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Ambiente, son los responsables de expedir las normas técnicas para autorizar las descargas de líquidos residuales. Y, a nivel punitivo, el Código Orgánico Integral Penal, COIP (2014), en su artículo 251 establece una pena de 3 a 5 años, a quién contamine los cuerpos de agua provocando daños graves.

Como es de conocimiento público, el pasado 21 de junio de 2016, se produjo un derrame de combustible en el río Daule, el cual constituye uno de las principales fuentes de captación de la Planta de la Toma, la cual es regentada por la Empresa Interagua C. Ltda (operado por VEOLIA), en base al contrato de concesión suscrito en 2001 con la I. Municipalidad de Guayaquil, por un plazo de 30 años, situación que provocó la suspensión inmediata del servicio de agua potable en toda la ciudad.

La empresa contaminante tiene como giro de su negocio la industrialización de madera de balsa, y se presume que el derrame fue ocasionado debido al descuido del personal en uno de los calderos de la empresa. El derrame de bunker se produjo en un canal afluente del río Daule, afectando una superficie de al menos 250 metros cuadrados, de donde se ha recogido más de 80 kg de material contaminado. Resulta curioso que la compañía contaminante no contaba con permisos ambientales para funcionar, ni cumplía con la normativa ambiental nacional y local vigente, pese a haber operado por más de 25 años.

Este caso nos debe llevar a la reflexión, ya que más allá de que exista normativa rígida al respecto, es necesario el control por parte de la autoridad ambiental, y sobre todo el compromiso de la empresa privada a fin de evitar este tipo de hechos que generar graves daños ambientales y en la prestación de los servicios públicos.

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