Si en un gran mapa del mundo coloreásemos los continentes, seguro que a América del Sur le corresponderían el verde y azul. El primero, por albergar importantes áreas de megadiversidad, y el segundo, debido a que triplica la media internacional de disponibilidad de los recursos hídricos (22.929 metros cúbicos por persona al año).
Sin embargo, respecto al cumplimiento del objetivo 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (agua segura), se presentan diferencias, pues América del Norte está cerca de lograr unos servicios básicos universales de agua potable mientras que América Latina y el Caribe están en camino de cumplirlo en 2030.
Frente a ello surge una interrogante: ¿pueden los cambios políticos de la región influir en la gestión del agua en la región? La respuesta podría ser positiva, pues depende de cómo se gestione el presupuesto del Estado con el propósito de construir infraestructuras que garanticen el acceso al líquido vital (disponibilidad), así como de los modelos adoptados al interior de las administraciones para que aun teniendo acceso, las tarifas que se cobren por el servicio permitan que incluso la población más vulnerable pueda cubrir las mismas (asequibilidad).
La última década puede ser tomada como paradigmática en la región para entender cómo la contraposición de visiones ideológicas y modelos de gestión pueden afectar la provisión de servicios básicos como el agua.
La llegada del Coronel Hugo Chávez a Venezuela, pasando por la presencia de los Kirchner (Néstor y Cristina Fernández) en Argentina, la fuerza de Lula en Brasil, la presencia de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y la permanencia de Ortega en Nicaragua, definieron a la región bajo una propuesta progresista, con el eslogan de “socialismo del siglo XXI”, a través de la cual gracias a los importantes ingresos petroleros se construyó desde el gobierno central importante infraestructura, dejando relegada la inversión del sector privado.
Sin embargo, los países que se adscribieron a esta corriente abrieron la posibilidad para la construcción y explotación de recursos naturales no renovables (minería), situación que generó problemas sobre todo a nivel social con las comunidades indígenas en relación con la gobernanza del agua.
América Latina requiere importantes recursos económicos para la construcción de infraestructura en agua potable y saneamiento.
Pese a la construcción de infraestructura para mejorar la cobertura de agua potable, en muchos países del contiene no se pensó adecuadamente en sistemas que permitan que la gestión sea sostenible económicamente. Esta situación ha sido observada por los organismos internacionales que financiaron estas obras.
No obstante, la política en América no ha estado exenta de vaivenes, y el “socialismo del siglo XXI” quedó a la deriva, pues grandes potencias han dado un giro hacia la derecha: Argentina, Colombia, Chile, y Brasil, con conceptos y estrategias que afectan a la gestión pública y, por ende, a la gestión de los recursos hídricos.
Más allá de los aspectos ideológicos y políticos, la realidad es que América Latina y el Caribe requieren aún importantes recursos económicos para la construcción de infraestructura en el ámbito del agua potable y saneamiento, y dadas las externalidades (precio del petróleo y de las commodities), los Estados no pueden cubrir directamente estas inversiones.
En consecuencia, el apostar por la inversión del sector privado es una opción, pese a que muchos políticos ven en esta estrategia un retorno del “fantasma” de las privatizaciones de los noventa.
Por ello, la nueva visión debe centrarse en ver al sector privado y empresarial como un socio estratégico que participe en el proceso de inversión de manera conjunta con el Estado, en una apuesta ganar-ganar propia de modelos como las Alianzas Público-Privadas (APP). Esa es una opción para blindarse de las externalidades y de los vaivenes políticos, y garantizar la construcción de infraestructura que permita cumplir hasta el 2030 con el compromiso de agua segura para todos.
