En el año 2007, el exvicepresidente de Estados Unidos de América, Al Gore, recibió el Premio Nobel de la Paz, por su investigación y denuncia por las consecuencias que traería el calentamiento global. En ese momento, más fueron los detractores que quienes reconocieron como la humanidad se había puesto en contra de la naturaleza, llegando a calificar a ésta “verdad incómoda” como un mito.
Sin embargo, a inicio del mes, la Casa Blanca ha dado conocer los resultados de un informe científico (300 expertos) que afirma que el cambio climático ya no es un problema del futuro, sino que lo estamos viviendo en estos días, para lo cual el gobierno de Barack Obama impulsará un plan de medidas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. El informe explica que los efectos del cambio climático no sólo afectan a los glaciares, sino que son las causas de las copiosas lluvias, olas de calor y sequía alrededor del mundo.
El nuevo estatuto para el agua ratifica el compromiso de Bachelet con el medio ambiente
Y, es en éste contexto en el que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, durante su mensaje presidencial ante el Congreso, realizó importantes anuncios para combatir la sequía en la región austral, pues no se trata de un problema coyuntural sino permanente. En este sentido, el debate sobre la reforma de la gestión del agua en Chile ha cobrado más fuerza, centrando su propuesta de reforma en cuatro ejes fundamentales:
- a) elevar a rango constitucional al agua como bien nacional de uso público;
- b) aprobar una Ley de protección de los glaciares;
- c) revisar el Código de Aguas (regulando el uso de éste recurso durante los períodos de escasez, limitando su uso); y,
- d) construir infraestructura (15 nuevos embalses) y apoyar nuevos programas de riego.
El nuevo estatuto para el agua, ratifica el compromiso de Bachelet con el medio ambiente. Y es que los derechos de aprovechamiento del agua otorgados durante décadas tienen el problema que no fueron calculados de manera correcta previa a la concesión, con lo cual existen más títulos (derechos) otorgados que agua disponible, generando un típico caso de estrés hídrico, sobre todo en la cuenca norte del país. Así, quien tiene más recursos o se encuentra aguas arriba (especialmente las empresas mineras), son quienes se benefician del agua; frente a ello, la solución planteada desde el Ejecutivo chileno es que se establezcan unos usos prioritarios: i) consumo humano; y, ii) relacionado con la tierra y pequeña agricultura.
De esta manera, la propuesta de reforma constitucional se basa en limitar los derechos de agua otorgados (no se trata de expropiación), para lo cual se busca elevar a rango constitucional al agua como bien nacional de uso público, mismo que se encuentra tan sólo en el Código de Aguas (1981), de ésta manera se buscará que el Estado sea el encargado de planificar y regular los derechos de aprovechamiento del agua.
Como no podía ser de otra manera, los anuncios de reforma han generado incertidumbre entre los colectivos que dependen del agua para el desarrollo de sus actividades, entre ellos: las generadoras, los inversionistas, los agricultores, y por supuesto el sector minero, responsable del 14,2% del PIB, quienes serían precisamente los más afectados con la reforma planteada.
En mi opinión, el ambicioso plan de reformas que plantea Bachelet para su nuevo mandato en el Palacio de la Moneda, obedece a unos ejes prioritarios reflejados en su programa de gobierno así como recupera promesas inconclusas de su primer período, pero sobre todo se ajustan a los nuevos retos que plantea la sociedad del siglo XXI que necesita más una Dama comprometida con el Agua y Medioambiente, que una Dama de Hierro.
